EN CAMPAÑA, JUDICIALES

Este miércoles continúa la audiencia de imputación de cargos

Barranquilla, 14 de marzo de 2018.- El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, afirmó este martes en rueda de prensa y posterior documento de prensa emitido, que el ente acusador, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra la Representante a la Cámara y, Senadora electa, Aída Merlano Rebolledo, luego del allanamiento a su sede de campaña este domingo en la ciudad de Barranquilla, donde según las denuncias “habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos”.

Según aseguró el Fiscal funcionarios de la DIJIN recibieron la información que en una vivienda ubicada en el barrio El Golf, conocida como “La casa blanca”, funcionaba un comando político desde el que, supuestamente, se compraban votos para la jornada electoral. La Dijín acudió al llamado hizo las verificaciones iniciales y libró orden de allanamiento, encontrándose en la vivienda donde se encontró  registro de cámaras de seguridad, instaladas por toda la casa, además de 9 computadores, 4 armas de fuego, entre las que había 2 revólveres, 1 escopeta y 1 pistola. Solo una de estas tenía salvoconducto, a nombre de Aída Merlano, según aseguró igualmente el Fiscal. Como también, registro de cámaras de seguridad, instaladas por toda la casa.

También se encontró la suma de $268’993.000 en efectivo, guardado en un cuarto destinado exclusivamente para eso. En total, durante la campaña, se habrían repartido más de $6.000’000.000.

Así mismo se encontró material electoral y abundante documentación que fue incautada, Certificados electorales en masa, guardados en cajas y bolsas. Fotocopias de cédulas de ciudadanía. Documentos y planillas electorales. Listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos. Formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto. Organigramas detallados de seguimiento y operación.

Según igualmente denunció el ente investigador la campaña tenía un sistema bien organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos: las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante.

“Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grababa un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña”.

Así mismo señaló el Fiscal en su declaración que la campaña “llevaba una contabilidad detallada en una planilla adicional, en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. Al parecer, cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte. El monto a pagar a cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto”.

La Fiscalía, confirmó los nombres de las 5 personas captura en flagrancia quienes fueron identificadas como: Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas, Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas, Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña, María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales, Everlin Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores.

Las capturas fueron legalizadas ante el juez Primero penal de control de garantías junto con los materiales incautados en el allanamiento. Este miércoles ante ese mismo juez, continúa la audiencia de imputación de cargos por los delitos de corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

La Fiscalía informó finalmente que verifica con la información documental recaudada junto con la de las cámaras de seguridad y computadores, la hipótesis de que los líderes compraron votos no sólo en el Atlántico sino también en otros departamentos del país. De acuerdo con esos resultados, se determinará si es procedente la formulación de nuevas imputaciones por otros delitos.