JUDICIALES

Barranquilla, 9 de agosto de 2018.- Con material probatorio adicional se llevó a cabo la audiencia de este miércoles en el complejo judicial del Centro Cívico de Barranquilla por parte del Juez Único Penal Municipal con funciones de control de garantías adscrito a Bacrim, Ricardo Méndez, y con presencia del delegado de la Fiscalía 197 de la Dirección Nacional Especializada, en su labor de acusador, Andrés Rincón, entre estas presentó la declaración juramentada de una testigo quien al parecer suministró un audio y aseguró bajo la gravedad del juramento que la  en la que señala que la ex representante a la cámara Aída Merlano, según la lectura, estaba siendo engañada con certificados falsos de los corazoncito, por lo que amenaza con ir casa por casa a recuperar su dinero que ya había adelantado.

Así mismo el juez dio a conocer otras declaraciones en las que líderes sociales que habrían estado involucrados en la campaña manifestaron haber recibido amenazas contra sus vidas por parte de miembros de la presunta organización de Aída Merlano. Una de estas amenazas según afirmó el ente acusador, en un audio le advierten al testigo protegido de la Corte Suprema, Francisco Palencia a quien se le considera el testigo clave con que cuenta la Fiscalía, “cuidado con abrir la boquita que ya sabe lo que le va a pasar”.

De igual manera la Fiscalía que continúa con sus investigaciones manifestó que estos sindicados se encuentra en conversaciones acordando situaciones con los demás investigados donde le entregan instrucciones a toda esta gente que según la Fiscalía son miembros o participaron en la red de corrupción al sufragante en las elecciones locales del 2015 y en las elecciones del 11 de marzo de 2018 para congresistas, Misma donde resultó electo la senadora Aída Merlano.

En las instrucciones estarían diciendo estas personas cómo deben argumentar, y que deben decir para que no los vayan a implicar a ellos, para que las declaraciones de unos y otros no se contradigan ante las autoridades lo que la Fiscalía considera es una “obstrucción al proceso de investigación”.

Entre estos casos de obstrucción a la justicia la Fiscalía aduce que el diputado a la Asamblea Jorge Rangel, se reúne cada domingo en su casa, la que funciona como comando político con líderes del sector donde les da pormenores y detalles sobre el proceso de investigación y las declaraciones del fiscal.

Al igual que señala que otro de los llamados a indagatoria Aissar Castro padre del concejal Aissar Castro que también está siendo investigado, según la Fiscalía en una llamada se escucha cuando al parecer este da órdenes a una persona para extraer documentos de los archivos del Concejo de Barranquilla del año 2009, con el propósito de ocultar información sobre los contratos de prestación de servicio y otros con los que supuestamente según la Fiscalía se estaría pagando a los líderes de la red de compra de votos de Aida Merlano. Señala textualmente la Fiscalía que “utilizan el Concejo de Barranquilla como herramienta para pagar sueldos a los líderes que los apoyan en esta organización criminal en la que en campaña le estarían prometiendo contratos y puestos de trabajo en esta Corporación a cambio de votos o a cambio de su trabajo en la red, pagando con dineros del erario público”.

Otra de las conversaciones que se han logrado con las interceptaciones que está haciendo la Fiscalía, se refirió a conversaciones entre el 13 y 17 de Julio donde Aissar Castro padre y a Aissar Castro hijo Concejal de Barranquilla también investigado, conversan sobre un juez para que esté a su vez le llegue al juez que tiene el proceso, acercamiento que se proponen hacer a través del concejal Ospino.

Otro de los intentos para torcer la justicia según la Fiscalía es una cercamiento con el alcalde de Barranquilla Alejandro Char para que éste intercediera por ellos ante la justicia. Así mismo se encuentra un chat donde uno de los miembros de la red le comenta al otro que fue “designado como jurado durante el día de las elecciones se encontraba preocupado porque estando en la mesa de jurado todo el día no iba a poder encontrar la manera de entregar el dinero a los votantes, lo que el otro con influencia le respondió que no se preocupara que lo mandaba a borrar de la lista de jurados”.

El Fiscal del caso también se refirió a la diputada Margarita Balen de quien afirmó que se comunicó con cada uno de los líderes, y en una de estas conversaciones habría dicho textualmente “cuando usted vea a la señora posesionada el 20 de julio será otro cantar”, afirmó el fiscal sobre esta frase registrada y adjuntada a la investigación del ente acusador.

Por todas estas razones anteriores la Fiscalía solicitó la medida intramural alegando obstrucción a la justicia lo que porque según el ente acusador son un peligro para la sociedad debido a que ellos sabían y eran conscientes que estaban cometiendo un delito atentando además contra la democracia comprando la conciencia de las personas.
Esta sería una de las razones por las cuales la Fiscalía ha pedido medida de aseguramiento intramural, y no aceptaría domiciliaria porque las situaciones presentadas no dan las garantías, puesto que estarían atentando contra el derecho a elegir y ser elegido en las elecciones locales que ya se acercan, lo cual calificó como un delito grave.

Alegó además que en los artículos 313 y 315 del Código Penal señalan que si la pena a cumplir es superior a los cuatro años debe ser intramural para que se garantice que estas personas no insistan en sus presuntas actividades delictivas, además de tener el agravante de ser funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos cobijados en este caso en total son: los concejales Juan Carlos Zamora Callejas, Aissar Castro Bravo y su padre Aissar Castro Reyes, los diputados Margarita Balen y Jorge Rangel, la excandidata a la Cámara de Representante Lilibeth Llinás, y el exconcejal de Soledad, Vicente Támara quienes no aceptaron los por los que se le acusan, siendo estos, concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo que les imputó la Fiscalía. Los abogados solicitaron revisar las pruebas por lo que el juez aplazó suspendió casi al final de la tarde la audiencia, la cual continuará el próximo 27 de agosto.