JUDICIALES

Valledupar, enero 26 de 2017.- Este miércoles durante su visita a Antioquia el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en reunión efectuada en Caucasia a propósito de casos de defensores de derechos humanos, atendió una denuncia en la que, 14 personas que al parecer líderes, defensores comunitarios y otros de derechos humanos, han sido asesinados – de los cuales 1 era mujer y 3 de la Marcha Patriótica -, en hechos, según ellos, cometidos en su mayoría en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Cordoba, Choco y Cesar, según señalaron.

El Fiscal al final de la reunión entregó conclusiones sobre los temas tratados con los líderes quienes entregaron detalles sobre sus denuncias que hicieron a Martínez Neira.

Afirmaron en su denuncia que en 2016 fueron asesinados 116 personas, al parecer según dicen, defensores de Derechos Humanos – de los cuales 19 fueron mujeres y 23 de Marcha Patriótica – 5 fueron desaparecidos de manera forzosa, se registraron 46 atentados cometidos con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos y más de 350 amenazas individuales o colectivas.

Adicionalmente dijeron los denunciantes que las personas asesinadas lideran procesos comunitarios relacionados de una u otra forma con el Acuerdo entre Santos y las Farc señalando una presunta sistematicidad, sin embargo según los análisis que el Estado ha hecho señala que se trata de “multicausalidad”.

Los denunciantes solicitaron al Gobierno:
La inmediata explicación de la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición de los resultados de su gestión frente a la sistematicidad de los ataques a estos líderes.
La urgente puesta en marcha de la “Comision Nacional de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos con las Farc, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, de lo que argumentan es un compromiso del Acuerdo de Paz.

El nombramiento en provisionalidad de la direccion de la “Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, numeral 74 del Acuerdo de Paz sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, mientras se surte el trámite legal respectivo.

La pronta adopción de un plan de acción construido participativamente para las regiones más altamente afectadas por la supuesta sistematicidad que según ellos existe en los ataques recibidos.

La Fiscalía por su parte afirmó que creará un grupo de policía judicial itinerante que facilite inmediatez en la recolección de evidencias de los homicidios de líderes sociales. No es posible el avance de investigaciones por crímenes de líderes sociales si no se va de la mano de la sociedad civil, expresó el Fiscal Néstor Humberto Martínez. Añadió además que es muy importante acelerar la presencia del Estado en el territorio.

De acuerdo con lo manifestado por el jefe del ente acusador, “Caucasia, el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, así como la zona sur del departamento de Córdoba tienen la tasa más alta de homicidios por habitantes en todo Colombia”, por lo cual se requiere una intervención de carácter urgente por parte de la entidad.

Frente a los recientes asesinatos ocurridos en la región, Martínez Neira afirmó que “se están identificando las causas de esta criminalidad con el objeto de impactar inmediatamente, judicializando a los autores para que estas formas de violencia no se sigan presentando”.

Durante la reunión con el Fiscal también participaron los directores de Fiscalía de la zona, representantes de organizaciones sociales, las Naciones Unidas y  la Policía Nacional.