MUNDONOTICIAS

Aunque las cifras anuales disminuyeron frente a 2023, el repunte ocurre en un contexto de frialdad diplomática entre Bogotá y Washington, marcada por los reclamos del presidente Gustavo Petro hacia la política migratoria estadounidense.

Valledupar, 27 de octubre de 2024- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que las detenciones de ciudadanos colombianos en la frontera sur de Estados Unidos aumentaron un 168 % durante el tercer trimestre del año. En julio se registraron 41 aprehensiones, en agosto 101, y en septiembre 110, según los datos consolidados por la Patrulla Fronteriza y analizados por The Washington Office on Latin America (WOLA).

Si bien el número total de 2025 —20 923 casos— es mucho menor que los 159 000 de 2023, el repunte trimestral muestra que la migración colombiana mantiene un flujo constante, incluso con los mayores controles aplicados por Washington. De 2020 a 2025, las autoridades estadounidenses han detenido 439 901 colombianos en la frontera sur.

Adam Isacson, director de WOLA, advirtió que “las personas siguen llegando a pesar de una represión histórica y, con frecuencia, abusiva”, al subrayar que las medidas restrictivas no han frenado el desplazamiento regional.

El tema migratorio se suma a los recientes roces diplomáticos entre la Casa Blanca y el gobierno Petro. Las declaraciones del mandatario colombiano, en las que calificó la postura de Estados Unidos como “imperial”, tensaron las relaciones bilaterales, que se tornaron aún más tensas con la amenaza de imposición de aranceles y la inclusión de la familia presidencial colombiana en la ‘Lista Clinton’.

Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que mantiene comunicación con la embajada en Washington para verificar las condiciones de detención y repatriación de connacionales. Aunque las cifras aún están lejos de los niveles de 2022 y 2023, el repunte confirma que la migración colombiana sigue siendo un factor de fricción en la agenda bilateral, y que las causas estructurales —económicas, laborales y de seguridad— permanecen intactas.