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El Tribunal Supremo de Brasil impuso severas restricciones al expresidente Jair Bolsonaro, incluyendo el uso de tobillera electrónica y la prohibición de contactos diplomáticos, mientras se lo investiga por un presunto complot para revertir los resultados de las elecciones de 2022.

Valledupar, 19 de julio de.2025. La madrugada de este viernes, la Policía Federal de Brasil allanó la casa del expresidente Jair Bolsonaro, así como su sede política, en el marco de una investigación por un supuesto intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, según el regimen judicial de Brasil en cabeza del jueez comunista dictarial, Alexandre Morantes.

El expresidente Jair Bolsonaro ha denunciado que se trata de persecución en su contra: “Me están juzgado por un supuesto Golpe de Estado dado un domingo, sin armas, sin tropas, mientras yo estaba en EEUU… Algo realmente increíble, un crímen inexistente…”

Como parte de las medidas ordenadas este viernes por el Tribunal Supremo, Bolsonaro deberá portar una tobillera electrónica y no podrá acercarse a embajadas ni comunicarse con funcionarios extranjeros. También tiene prohibido el uso de redes sociales.

La decisión judicial responde a la supesta sospecha de que Bolsonaro podría intentar huir del país para evadir la justicia, sin embargo el expresidente ha negado cualquier intento de golpe y aseguró públicamente que no tiene intención de abandonar Brasil.

“Las sospechas de que me voy del país son una exageración… Soy un expresidente de la república, tengo 70 años”, declaró a periodistas frente a la comisaría, calificando la medida de la tobillera como “una humillación suprema”.

Durante el operativo, la policía incautó dinero en efectivo. Bolsonaro afirmó que se trataba de unos 14.000 dólares para uso personal y aseguró tener los recibos correspondientes.

En paralelo, el Tribunal Supremo reveló que tanto Bolsonaro como su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, están siendo investigados por supuestamente conspirar con el Gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones contra funcionarios brasileños. Según los documentos judiciales, esta maniobra pretendía beneficiar directamente al expresidente.

El caso ha tomado una dimensión internacional luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 50 % a Brasil si el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no detiene el juicio contra Bolsonaro.

En una carta publicada en Truth Social, Trump calificó el proceso judicial como una “cacería de brujas” y expresó su apoyo al exmandatario brasileño. Bolsonaro respondió con gratitud, replicando la misiva en su cuenta oficial y agradeciendo el respaldo en un video.

Desde Brasilia, el presidente Lula rechazó las amenazas de Trump y defendió la independencia del sistema judicial brasileño.

En declaraciones a CNN, señaló que Bolsonaro “no está siendo juzgado por ser quien es, sino por haber intentado organizar un golpe de Estado”. Añadió que si Trump hubiera protagonizado en Brasil lo ocurrido en EE. UU. el 6 de enero, ya estaría enfrentando un juicio penal.

El expresidente brasileño enfrenta cargos por cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y conspiración para asesinar a Lula, su vicepresidente y un magistrado del Tribunal Supremo.

Podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es hallado culpable. Actualmente, figura entre las 34 personas formalmente acusadas por la fiscalía.