CONGRESO, REGIONALES

La mancha en el debate corrió por cuenta del gobernador Eduardo Verano quien quiso hacer de evaluador de un debate de control político del Senado, debate en el que él era solo unn inivtado, y además mientras la comunidad y los parlamentarios rechazan el cobro ilegal él lo acepta y según lo dijo ya tiene planes para ese dinero, y no en el Atlántico, sino como lo plantea el régimen. 

Al abuso del gobernador le respondió el senador Antonio Zabaraín, y el diputado a la Asamblea del Atlántico Alfredo Varela

Otro que mostró sus garras de negociante fue el senador Pedro Flores del “clan de los Torres”, quien al cierre del debate dejó ver la marrulla que se tiene planeada y con la cual estarían pensando negociar.

Barranquilla, 6 de diciembre de 2024.- 4 horas duró este viernes la Comisión IV Permanente del Senado de la República en sesio en Barranquilla, en un debate de control político contra la Ministra de Transportes, María Constanza García Alicastro, sobre el cobro de la contribución nacional de valorización a 248 mil predios que han sido declarados como afectados con el gravamen, relacionado con el proyecto de infraestructura vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad. Entre estos más de 80 mil predios corresponden al Atlántico.

En el evento que se llevó a cabo en la sede de la Asamblea Departamental, tal como estaba citada la Ministra de Transportes, asistió al debate al igual que los parlamentarios miembro de esa Comisión, el senador Antonio Zabaraín, representantes a la Cámara locales, como el representante Gersel Pérez, el representante Modesto Aguilera, el representante Armando Zabaraín, miembros del Consejo Gremial de Bolívar, director de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Alberto Vives director de la Andi, Jorge Segebre de Camacol, entre otros, al igual que representantes de la comunidad afectados como Silvio Charris de Juan de Acosta, desde miembros de las Juntas de Acción Comunal de barrios y municipios de Bolívar, representantes de los sectores costeros de los municipios del Atlántico entre otros.

También estuvieron presentes por parte del gobierno, además de la Ministra de Transportes, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Francisco Ospina Ramírez y el director del Instituto Nacional de Vías Invías, Juan Carlos Montenegro Arjona.

Entre los afectados se escuchó a Camacol de Bolívar quien cuestionó que no se respeten los derechos de los ciudadanos que no han tenido conocimiento sobre el llamado censo predial, donde le están obligando al ciudadano a hacer consulta sin que se tenga conocimiento y legalidad del acto administrativo. Aspectos que han sido vulnerados en sus derechos.

Álvaro Mendez de la Juanta de Acción Comunal de Manga, afirmó que se sienten afectados con dicho gravamen que no es una contribución, sino un impuesto, porque su naturaleza se está desvirtuando teniendo en cuenta que no tienen una destinación especifica hacia dónde van los dineros que se recojan. Calificó como ilógico que le salgan a cobrar después de 8 años algo que ya que pagó con los peajes.

A este le siguió Federico de la Rosa representante de la Unidad Comunera 1 que reúne varios barrios de Cartagena, denunció que los “multimillonarios” de Manga de la que dijo que es una isla que tiene los seis estratos sociales, no entiende porque ellos tienen que pagar una valorización estando a 60 kilómetros, mientras tienen además otras afectaciones como son las vías internas para entrar y salir, situación que los afectados desde hace muchos años. Denunció que para la convocatoria de las supuestas socializaciones no citaron con la hora, sino que les dieron una fecha a última hora y sin la hora correspondiente.

Silvio Charris en representación de los municipios costeros del Atlántico reclamó que mientras los gobiernos anteriores incentivaban el turismo este gobierno lo que ha hecho es afectar estos 17 escenarios de vocación turística de estos municipios. Denunció la falsedad del cuento de que los estratos 1, 2 y 3 están exonerados, porque no es cierto que estos estratos sean propietarios de predios. Dijo que la alternativa que queda en caso de que esta sea ratificada, tomar la decisión de la desobediencia y no pagar esa contribución, para lo cual hizo un contundente llamado.

Sin embargo, no hizo falta el petrista Orlando De la Hoz que, en nombre de la comunidad, a garganta llena, rechazó que no haya sido socializado el proyecto a la comunidad, sin embargo, señaló que ese cobro de valorización trae beneficios a las clases desfavorables, porque según él, “dijo que en ningún espacio del cobro dice que se va a cobrar por reflejo, que el cobro se hará a los grandes propietarios de los grandes inmuebles. No ve que los estratos socioeconómicos desfavorables se vayan a afectar.

No obstante, hubo quien desde la misma comunidad le dijera a la ministra que la valorización que pretenden cobrarle a los afectados, es ilegal es inequitativa e injusta porque viola la ley 1819 de 2016 no puede ser retroactiva afectando a 248 mil predios ubicados en una amplia área de influencia de una vía que ya se pagó por cuenta de los peajes.

Mientras el senador Carlos Meisel, que no se trata de predios solo de multimillonarios como ha dicho el gobierno, reclamó la socialización desde CERO. Con pruebas dijo que ya se han llevado a cabo 4 socializaciones sin la ciudadanía. Reiteró que ya se ha demostrado con pruebas que estas socializaciones fueron un fracaso. Señaló además que hay una queja general respecto del tratamiento de los datos que no se encuentran registrados en la plataforma.

Aseguró que lo que se recibe del gobierno son golpes permanentes, se trata de un gobierno que quiere hacerle daño el Caribe. Señaló que la región Caribe no le debe nada al gobierno Petro, antes le recordó cómo se acabó con los Juegos Panamericanos, La Fórmula 1, al igual que lo que se pretende con el Canal del Dique y ahora se quieren llevar los juegos de la Selección Colombia.

Reconoció el senador Meisel no obstante que esta es una problemática que la heredó de administraciones anteriores.

Sin embargo, por encima de esto, reclamó que los primeros pagos de la Valoración coinciden con los cobros de Predial que pueden llegar a tener un valor de hasta tres prediales, en el mes de marzo, por lo que le solicitó a la ministra que mida la capacidad de pago. Dijo que no se puede empezar el cobro sin que la justicia valore los argumentos de la comunidad.

Señaló que ya se encuentran radicadas varias demandas pidiendo medidas cautelares por parte de varios sectores, entre ellos Intergremial, por lo que solicitó darles tiempo a los tribunales a que estos respondan, teniendo en cuenta que después de haber hecho los cobros los tribunales se pueden pronunciar a favor de la comunidad teniendo en cuenta las violaciones a la ley que se han presentado, por lo que el gobierno se va a ver comprometido en resarcir los perjuicios a la comunidad.

Por su parte el senador Antonio Zabaraín manifestó que la ministra no obstante las condiciones para el cargo tienen un grave problemas, es sorda, lo cual dificulta llegar a acuerdos, llegar a consensos.

Se fue seguidamente Zabaraín, contra ese país político al cual le reparten las canonjías, por lo que llamó la atención a poner la mirada en el país nacional que es al cual le toca pagar ese gravamen, ese país nacional al que desde el centralismo se le ataca. Solicitó no seguir vulnerando los derechos a ese país nacional.

Invitó a la ministra a estudiar la sentencia C-155 de 2013, donde está claro que lo que están haciendo es irregular. Recordó que hay unas acciones que se deben hacer anticipadamente como lo es la socialización donde además se le explica a la ciudadanía el beneficio que se va a obtener. Pero lo que está haciendo el gobierno es resolver problemas de déficit fiscal cobrando una valorización para generar caja para dicho déficit.

Le solicitó que en razón de los 1.4 billones de pesos que le quitaron en el presupuesto del 2025 al Atlántico, respecto del presupuesto de 2024, y al Caribe la reducción fue de 5.3 billones de pesos, por lo que en razón de esa reducción le pidió a la ministra que tuviera compasión con este territorio y suspendiera ese proceso de cobro hasta tanto el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, o el Tribunal de Cundinamarca donde también cursa otra demanda, se pronuncien al respecto dándole la razón a los demandantes. Para que los habitantes afectados de Bolívar y Atlántico no sean atropellados con una contribución que más que otra cosa es confiscatoria.

El representante a la Cámara Gersel Pérez reclamó que no haya sido consultadas las comunidades étnicas que habitan en la zona tanto en el Atlántico como en el departamento de Bolívar quienes estarían siendo afectados con la obra, violando la Constitución artículo 338 y la Ley 29 de 1991 de Consulta Previa, que señala que donde hay asentamientos de poblaciones afro y poblaciones étnicas, exige que estas comunidades sean consultadas, y esto no se llevó a cabo.

Denunció además que estos predios que en su mayoría no cuentan con alcantarillado para terminar de completar. Rechazó que a la gente les toque entregar sus predios, apartamentos para pagar la contribución de Valorización al gobierno.

La mancha en el debate corrió por cuenta del gobernador Eduardo Verano quien quiso hacer de evaluador de un debate de control político del Senado, debate en el que él era solo unn inivtado, y además mientras la comunidad y los parlamentarios rechazan el cobro ilegal él lo acepta y según lo dijo ya tiene planes para ese dinero, y no en el Atlántico, sino como lo plantea el régimen.

Al abuso del gobernador le respondió el senador Antonio Zabaraín, y el diputado a la Asamblea del Atlántico Alfredo Varela.

Otro que mostró sus garras de negociante fue el senador Pedro Flores del “clan de los Torres”, quien al cierre del debate durante su intervención dejó ver la marrulla que se tiene planeada y con la cual piensa negociar. Expresó Flores: “Veamos una oportunidad para el Caribe colombiano, a partir de una construcción colectiva, desde y para los territorios”, según él, y el régimen.

Agotado el orden del día, finalizó la sesión en la que además participaron habitantes del sector, y gremios de la construcción.