COLUMNISTAS

“Mientras el país celebra la caída del desempleo, el campo colombiano empieza a enfriarse: cae la generación de empleo rural, la informalidad supera el 80% y la productividad sigue rezagada. En medio de una reforma agraria enfocada en repartir tierra, el verdadero debate —el de producir, invertir y generar ingresos sostenibles— sigue ausente. Ahí se define no solo el futuro del agro, sino el rumbo electoral del 2026.”

Colombia está a punto de reincidir en un error histórico: creer que el problema del campo es la tierra, cuando la evidencia demuestra que es la productividad. Y lo más delicado es que ese error ya empieza a reflejarse en el empleo rural.

Las cifras así lo muestran. Según el DANE, en el trimestre móvil más reciente, el país registra una tasa de desempleo cercana al 9%, pero con un dato que pasa casi inadvertido: el sector agropecuario perdió participación en la generación de empleo, con caídas en ocupación en ramas como agricultura y transporte rural. Es decir, el empleo nacional mejora, pero el campo deja de ser motor.

Esto contrasta con lo ocurrido en 2025, cuando el sector agropecuario alcanzó cerca de 4,8 millones de ocupados, representando aproximadamente el 15% del empleo total del país. En ese momento, la tasa de desempleo rural se ubicaba alrededor del 6,7%, significativamente menor al promedio urbano. La conclusión era evidente: cuando el campo produce, el empleo responde.

Pero hay un dato aún más estructural: la informalidad rural en Colombia supera el 80%. En algunas actividades agrícolas, incluso roza el 85%. Esto significa que 8 de cada 10 trabajadores del campo no tienen seguridad social, estabilidad ni ingresos sostenibles. Y esto no se resuelve repartiendo tierra: se resuelve haciendo productiva esa tierra.

En paralelo, la política pública ha tomado otro rumbo. El gobierno de Gustavo Petro ha priorizado la compra y adjudicación de tierras como eje de la reforma agraria. A 2025, se habían anunciado más de 1,3 millones de hectáreas en proceso de adquisición o negociación, en el marco del acuerdo con Fedegán.

Sin embargo, el cuello de botella no está en la tierra, sino en lo que viene después. El crédito agropecuario en Colombia apenas representa cerca del 4% del total de la cartera financiera nacional, y menos del 30% de los pequeños productores tiene acceso efectivo a financiamiento formal. Sin capital, no hay tecnología; sin tecnología, no hay productividad.

A esto se suma otro dato crítico: la productividad laboral del agro colombiano es menos de la mitad del promedio nacional. Mientras un trabajador urbano genera en promedio más del doble de valor agregado que uno rural, la brecha sigue ampliándose. Esa es la verdadera inequidad estructural.

Y aquí es donde el debate electoral deja de ser abstracto.

La pregunta no es quién reparte más tierra, sino quién garantiza que esa tierra produzca, genere ingresos y sostenga empleo. Y hoy, ese debate no está siendo liderado con claridad.

Ahí es donde una figura como Paloma Valencia tiene una oportunidad concreta de marcar diferencia programática.

Primero, poniendo la productividad en el centro. No como discurso, sino como política medible: tecnificación, asistencia técnica efectiva y acceso real a crédito. Si el agro crece al 3% anual, puede absorber cientos de miles de empleos; si se estanca, los destruye.

Segundo, vinculando la tierra a proyectos productivos. Cada hectárea adjudicada debe estar acompañada de un plan verificable de producción, acceso a mercados y sostenibilidad financiera. Sin eso, la reforma agraria no solo fracasa: profundiza la informalidad y consolida la pobreza.

Tercero, garantizando seguridad jurídica. La inversión agropecuaria en Colombia sigue rezagada: representa menos del 2% de la inversión total del país. Nadie invierte donde no hay reglas claras. Y sin inversión, no hay empleo.

El 2026 se va a definir en este terreno. Porque el campo no es marginal: más de 10 millones de colombianos dependen directa o indirectamente del sector agropecuario, y es allí donde se concentran los mayores niveles de pobreza multidimensional.

Mientras el gobierno insiste en un enfoque redistributivo, los datos empiezan a mostrar sus límites: el empleo rural se enfría, la informalidad persiste y la productividad no despega.

La oposición, fragmentada, aún no logra consolidar un relato. Pero el espacio está abierto.

Porque al final, la elección no se va a decidir en quién promete más tierra, sino en quién ofrece algo mucho más concreto y medible: más producción, más empleo y más ingresos en el campo.

Si Paloma Valencia logra encarnar esa agenda con rigor técnico, claridad política y respaldo estadístico, no solo entra en la conversación: la redefine.

Porque en Colombia, el problema no es la tierra.

Es lo que —o lo que no— se está haciendo con ella.

@lacoutu