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Expediente de 30 páginas en Nueva York reconstruye más de dos décadas de señalamientos.

La Fiscalía asegura que hubo una reunión en 2013 con ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’.

Barranquilla, 8 de octubre de 2026.- Un nuevo expediente presentado ante la justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores incluye señalamientos sobre vínculos con las Farc y el Eln.

De acuerdo con el documento, de 30 páginas y radicado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía estadounidense sostiene que el cabecilla del entonces régimen venezolano habría negociado entrega de explosivos a la cúpula guerrillera para saldar una deuda asociada a narcotráfico, que habría permitido operaciones de intercambio y que estaría relacionado con el traslado de un militar a un campamento de las Farc en Colombia donde habría sido torturado.

Uno de los apartados más delicados, según el expediente, se remonta a poco después de la muerte de Hugo Chávez, en 2013. La acusación afirma que se habría realizado una reunión en la que habrían participado Maduro, Flores y tres de los entonces máximos jefes miembros del Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, y Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’.

El objetivo del encuentro, según la Fiscalía estadounidense, habría sido resolver una deuda económica derivada de una presunta asociación para tráfico de drogas, que terminó en un acuerdo para suministrar explosivos. El documento no precisa el origen de la deuda ni cuántos explosivos fueron entregados. Tampoco detalla dónde se realizó la reunión.

El expediente sostiene que en ese contexto se afirmó que “las ventas de minas continuaron hasta aproximadamente 2015”, periodo en el que Maduro habría facilitado “la venta de minas fabricadas en Cuba, entre otras armas, a grupos terroristas”.

La acusación también describe presuntos nexos entre estructuras venezolanas y guerrillas colombianas. Señala que miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar DGCIM habrían participado en operaciones de tráfico y que funcionarios cercanos al poder habrían promovido decisiones judiciales que favorecían a integrantes de las Farc investigados por delitos, con el fin de mantener apoyo para seguir operando en Venezuela.

Sobre 2016, el expediente identifica a un alto funcionario bajo el alias ‘CC-1’ que habría dado instrucciones para coordinar movimientos de cargamentos de droga. Añade que militares utilizaban camiones con una carga que normalmente transportaban combustible para llevar armas hasta “un puerto venezolano, desde donde serían enviadas fuera de Venezuela”.

Por otra arte en el caso de Cilia Flores, la Fiscalía de EE.UU. le atribuye haber ofrecido contratos a personas cercanas al Eln. Según la acusación conocida por El Tiempo, “hacia 2007, Flores habría ofrecido a grupos aliados con el Eln contratos de Pdvsa (la empresa estatal petrolera de Venezuela) para ayudar en las negociaciones”.

El documento también menciona a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias ‘Nicolasito’, hijo de Maduro, señalado de haber utilizado entre 2014 y 2015 un avión de Pdvsa para transportar drogas con protección de la Guardia Nacional Bolivariana en la isla de Margarita.

Otro punto del expediente, citado por la Fiscalía General de EE.UU., asegura que “(Nicolás) Maduro reconoció que también aumentaría la capacidad de las Farc para hacer la guerra contra Colombia”.

La acusación incluye además a un funcionario identificado como ‘CC-3’, quien habría ordenado a miembros del DGCIM ocultar narcóticos en cargamentos de chatarra que un empresario compraba a un precio inferior. Según los investigadores, en ese mismo periodo ese funcionario viajaba regularmente a zonas controladas por el Eln cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el paso.

La Fiscalía sostiene que estos episodios formarían parte de un sistema de corrupción que permitiría a sectores del Gobierno venezolano enriquecerse con el narcotráfico y que los grupos armados colombianos, como las Farc y el Eln, obtenían recursos por el control de actividades ilícitas: “Cobraban impuestos mediante extorsión en las zonas que controlaban en Venezuela”, dice el escrito.

Hasta ahora se trata de señalamientos de la Fiscalía estadounidense dentro de una acusación que busca reconstruir más de dos décadas de presuntas operaciones.