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El propietario de la Sociedad Aérea de Ibagué era el encargado de la logística aérea durante el proceso electoral en el que Gustavo Petro resultó presidente de Colombia.

Barranquilla, 10 de octubre de 2024.- Carlos Eduardo Restrepo Osorio alias Caco, propietario de los aviones utilizados en la campaña presidencial de Gustavo Petro, fue condenado el 7 de octubre en Estados Unidos a 25 meses de prisión por el delito de narcotráfico.

Restrepo, dueño de la Sociedad Aérea de Ibagué SADI y encargado de la logística aérea durante el proceso electoral, fue hallado culpable de transportar 446 kilos de cocaína camuflados en cajas de tapabocas en un avión Beechcraft King Air C90, que partió de Bogotá con destino a la isla de Providencia el 23 de mayo de 2021.

La condena suscitó cuestionamientos sobre posibles acuerdos con la justicia estadounidense, lo que podría haber llevado a una pena más leve a cambio de información sobre otros implicados en el narcotráfico. También se especula si esta colaboración incluyó detalles sobre el uso de sus aviones durante la campaña electoral.

Vinculado con el petrismo

Información divulgada en varios medios de comunicación dan cuenta que Restrepo Osorio tuvo una estrecha relación con el presidente Gustavo Petro.

Se supo que, durante las campañas al Congreso, las consultas y la Presidencia misma, se creó un grupo de Whatsapp en el que participaron al menos cuatro personas, entre ellas, Armando Benedetti, Laura Sarabia y la contratista de, SADI, Andrea Maya Gutiérrez. El cuarto integrante era una persona cuyo número estaba asociado al nombre de Carlos. La novedad es que Omar Hernández, CEO de la compañía Spartan Hill, que realizaba transferencias electrónicas a la empresa de criptomoneda DailyCop, declaró a la Fiscalía que ese “Carlos” en realidad era el recientemente condenado Carlos Eduardo Restrepo Osorio.

Asimismo, el nombre del piloto estuvo involucrado en el escándalo protagonizado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, cuando, en octubre de 2023, intentó fraguar acuerdos para beneficiar a Restrepo Osorio con un programa de amnistía e impedir que fuera extraditado. Por esta intermediación, Juan Fernando estaba cobrando de 100.000 dólares que el implicado se negó a pagar.