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Barranquilla, 18 de julio de 2024.- El Departamento de Estado de USA, emitió un informe en el que por primera vez no asegura que hay múltiples oportunidades de inversión en Colombia. Agrega que algunas de las variables que condicionan la inversión extranjera en Colombia son la corrupción, la desaceleración económica y la incertidumbre para el sector privado.

Inicia el informe haciendo una síntesis de lo que es Colombia es un mercado de 52,4 millones de personas, con abundantes recursos naturales y una clase media educada y en crecimiento.

Y aclara de entrada que el presidente Gustavo Petro, es el primer presidente de izquierda de Colombia, asumió el cargo en agosto de 2022. Asunto en el que hierra, porque Petro no es el primer presidente de la Izquierda, sino de la extrema izquierda proveniente de un grupo terrorista reconocido. Porque de izquierda Colombia ha tenido estos últimos 25 años, a Juan Manuel Santos y a Ernesto Sampaer, “los dos extremistas en connivencia con los grupos terroristas, y narcotraficantes”, quienes además se encuentran solapados y con cuotas burocráticas en el régimen de extrema izquierda. Además de Iván Duque, ZÁNGANO, solapado del comunismo internacional llamado progresismo, y por cuanta del cual Petro llegó a la presidencia.

Añade el Departamento de Estado, que si bien la inversión extranjera directa se mantuvo fuerte en 2023, la administración de Petro ha impulsado el concepto de soberanía interna en sectores económicos clave, lo que ha creado altos niveles de incertidumbre dentro del sector privado.

En el tema en que atañe el informe del Departamento de Estado, señala que “la economía colombiana se expandió solo un 0,6 por ciento en 2023, lo que marca una desaceleración sustancial después de dos años de sólida recuperación pospandémica. Una disminución del 25 por ciento en la inversión, tasas de interés elevadas y un clima empresarial en deterioro contribuyeron a la marcada desaceleración del crecimiento. Los sectores clave, incluidos la construcción, la manufactura y el comercio, experimentaron caídas. La administración pública y las actividades relacionadas desempeñaron un papel vital para compensar estos reveses, respaldadas por un mayor gasto gubernamental en gastos operativos”.

Añade en su retrato de la situación, que “en 2023, las exportaciones denominadas en dólares experimentaron una disminución del 12,9 por ciento, principalmente debido a la reducción de los precios de los hidrocarburos (petróleo, sus derivados y carbón). Colombia sigue por debajo del grado de inversión tras las rebajas de calificación de julio de 2021 de las agencias de calificación Fitch y Standard & Poor’s. Según la encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, los analistas económicos pronostican un crecimiento medio del PIB del 1,4 por ciento para 2024”.

“Según el Banco Central de Colombia, la IED creció un 1,5 por ciento entre 2022 y 2023. Aproximadamente la mitad de la fuerza laboral colombiana en las áreas metropolitanas está empleada en la economía informal, una cifra que aumenta a cuatro quintas partes en las áreas rurales. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), había 22,8 millones de personas empleadas, un aumento de 756.000 respecto a 2022. En 2023, la tasa de desempleo de Colombia fue del 10,2 por ciento (o 2,6 millones de personas), una disminución del 1,1 por ciento respecto a 2022”.

Así mismo explica lo de la reforma tributaria que entró en vigencia en enero de 2023, con la que supuestamente buscaba reactivar la economía, generar empleo y contribuir a la estabilidad fiscal del país. Y trae a colación las reformas con las que el régimen busca supuestamente reformar los sistemas de salud, trabajo y pensiones, situación que ha causado preocupación entre los inversionistas.

Argumenta que inmediatamente después de que se archivara la reforma de salud de Petro a principios de abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud en Colombia asumió el control de cuatro proveedores de seguros de salud, incluidos los dos más grandes de Colombia, por un año. Esta medida coloca a casi la mitad de los usuarios del sistema de salud de Colombia bajo el control del gobierno, lo que suma un total de 25,1 millones de personas.

“Colombia cuenta con un marco legal integral para las empresas y la inversión extranjera directa IED. El Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia CTPA de 2012 ha fortalecido el comercio y la inversión bilaterales. Los mecanismos de solución de disputas de Colombia han mejorado a través del CTPA y varias convenciones y tratados internacionales. Las debilidades incluyen la protección de los derechos de propiedad intelectual DPI. Colombia aún no ha implementado ciertas disposiciones del CTPA relacionadas con los DPI y está interesada en buscar licencias obligatorias para determinados productos farmacéuticos. Colombia se convirtió en 2020 en el miembro número 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, lo que conlleva la obligación de adherirse a las normas y estándares de la OCDE en las operaciones económicas”.

“Los gobiernos anteriores hicieron un esfuerzo concertado para desarrollar mercados de capital eficientes, atraer inversiones, estimular la inversión verde a través de bonos verdes y crear empleos. En 2021, Colombia emitió sus primeros bonos verdes soberanos en el mercado local y en abril de 2022 lanzó la primera Taxonomía Verde de la región con el objetivo de apoyar la movilización de capital para objetivos de sostenibilidad. La Taxonomía Verde colombiana establece cómo una inversión puede contribuir a la mitigación y adaptación climática y a otros cinco objetivos ambientales”.

Y añade como un hecho el relato de los amigos del terrorismo que han venido vendiendo como una verdad después de que Juan Manuel Santos, y otros dirigente pasaron por encima del pueblo colombiano, robándoles el plebiscito, y destruyendo la democracia colombiana. Además incumpliendo lo que ellos mismos propusieron y le vendieron a la comunidad internacional como el acuerdo de paz, mientras los colombianos, humillados y robados, y encima burlados y la criminalidad y el narcotráfico al alza. Es así como la retórica del Departamento de Estado en este sentido habla como si fueran el mismo Juan Manuel Santos quien les hubiera dictado el parráfo: “Desde el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, Colombia ha experimentado una disminución significativa de la actividad terrorista”.

“Varias poderosas operaciones narcocriminales aún plantean amenazas a la actividad comercial y la inversión, especialmente en zonas rurales fuera del control del gobiern”, pero no dice el Departamento de Estado que se trata de los mismos con diferente letrero.

Según el informe, “la administración de Petro”, o sea el régimen comunista, al cual sigue considerrando gobierno, y le estaría creyendo en las supuestas negociaciones que Petro estaría buscando con los grupos terroristas, que supuestamente no forman parte del falso acuerdo de paz, narcoFarc de Santos, acercamiento Petro terroristas, bajo la falsedad de la llamada “Paz Total”.

“Los resultados han variado, ya que las negociaciones oficiales con los grupos políticos han sido lentas y la mayoría de los grupos armados intensificaron la violencia al participar en guerras territoriales entre ellos. La presencia de economías ilícitas dirigidas por grupos armados, a menudo enredadas en cadenas de suministro legales en algunas partes de Colombia, presenta un desafío para el desarrollo de medios de vida confiables y sostenibles”.

La corrupción sigue siendo un problema importante.

Los inversionistas estadounidenses y extranjeros se quejan de las barreras no arancelarias, regulatorias y burocráticas al comercio, la inversión y el acceso a los mercados a nivel nacional, regional y municipal.

Las partes interesadas expresan su preocupación por el acceso más limitado a algunos ministerios y agencias del gobierno colombiano durante la administración de Petro. Los inversionistas de diversos sectores citan la falta de consultas efectivas y oportunas con las agencias reguladoras en las decisiones que los afectan. Las partes interesadas señalan su preocupación por la rotación de personal y la pérdida de experiencia técnica en los organismos gubernamentales y una ausencia de liderazgo de casi dos años en agencias reguladoras clave.

Los inversionistas también señalan su preocupación por la lentitud de los procesos y las resoluciones inconsistentes en algunas agencias reguladoras, como el regulador de alimentos y medicamentos INVIMA. Las empresas a menudo se muestran reacias a expresar estas preocupaciones individualmente con el gobierno y prefieren plantearlas a través de asociaciones industriales.