EN CAMPAÑA

Barranquilla, 27 de septiembre de 2017.- La senadora María del Rosario Guerra se unió este martes al llamado de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura, para que los dineros de extinción no puedan utilizarse para administrar los bienes de las Farc.

El pronunciamiento lo hizo la Precandidata Presidencial a través de una constancia en la sesión plenaria del Senado:

“He venido denunciando que a punta de Decretos el Gobierno de Juan Manuel Santos nos ha metido muchos goles. Ya no les da ni pena pasar por encima de las leyes y burlarse abruptamente de ellas. Es como si aquí viviéramos en Sodoma y Gomorra, sin Dios ni Ley.

En la famosa ‘Decretón de mayo’, Santos creó una sumatoria de beneficios para las Farc que nunca en la historia de Colombia se le han dado a la gente trabajadora y honesta. Con los Decretos 899 y 890 de mayo de 2017, se estableció que cada integrante de las Farc recibirá aproximadamente $45 millones en 2 años: 8 millones de apoyo económico para emprender; $2,2Millones por  pago de la seguridad social por 2 años; 90% de un SMLV por dos años, y subsidio para vivienda de VIS y VIP y rural.

En esta misma línea, con el Decreto 897 de mayo de 2017 se creó el Programa de Reincorporación Economica y Social de las Farc, con el cual tendrán recursos priorizados para proyectos productivos. Recursos que ellos mismos quedaron facultados para administrar.

Ahora, con el Decreto 1535 de septiembre de 2017 se establece que la Sociedad de Activos Especiales podrá pagar los gastos relacionados con bienes de las Farc con cargo al presupuesto del FRISCO (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado). La Ley solo permite a este fondo fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural, y la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas.

Como bien lo explican la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, en su carta al Ministro de Justicia, los dineros de extinción no pueden utilizarse para administrar bienes de Farc. Menos aún, cuando con el decreto 903 de mayo de 2017 se establece -en el artículo 4- que los bienes y activos de las Farc no solo serán para reparar a las víctimas, sino también para la reincorporación de la guerrilla, y para el centro de pensamiento político del partido de las Farc.

¡Lo que está pasando aquí es de la mayor gravedad! Ahora, además de todos los beneficios creados para las Farc, los decretos del Ejecutivo pueden modificar y pasar por encima de lo previsto en la Ley. ¿Entonces para qué Congreso? ¿Dónde queda el Estado de Derecho?

Me uno al llamado de la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, para que el Ministro de Justica y el Consejo de Política Criminal tomen las medidas a que haya lugar sobre el Decreto. Aquí no podemos permitir que sigan derrumbando la institucionalidad del país ni el Estado de Derecho, para acomodar necesidades y designios de un grupo terrorista”.