COLUMNISTAS, JUSTICIA

La Fiscalía identificó los restos de Gloria Anzola, de visita en el Palacio el seis de noviembre de 1985, cuando el M-19 lo asaltó a sangre y fuego. Anzola hizo parte del grupo de once personas que se dijo que fueron desaparecidas después de su recuperación por parte de la Fuerza Pública. En 2016, el Consejo de Estado ordenó pagar 1.600 millones de pesos al hijo de la señora Anzola porque la Fuerza Pública dio “manejo irregular a los rehenes que salían hacia la Casa del Florero, donde fueron interrogados y sometidos a tratos inhumanos, entre ellos a Gloria Anzola de Lanao, quien no ha aparecido”. Por razones similares el Consejo de Estado ha indemnizado, en distintas sentencias, a los otros familiares del referido grupo.

Por esas “desapariciones” paga prisión por 35 años el general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega fue condenado a 30 y duró 8 años detenido hasta que fue finalmente absuelto. Todavía hay abiertas varias causas judiciales contra distintos militares por el caso del Palacio.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el 14 de noviembre de 2014 al Estado colombiano por “las desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia (Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León), de dos visitantes del Palacio de Justicia (Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao), de una guerrillera del M-19 (Irma Franco Pineda), […] y de Carlos Horacio Urán”.

La Corte condenó porque “consideró demostrado que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos”. La CorteIDH consideró probado que “las víctimas habían sobrevivido los hechos del Palacio y se encontraban detenidos en guarniciones militares; a pesar de lo anterior, miembros de la fuerza púbica negaron la presencia de detenidos en guarniciones militares a los familiares; la mayoría de las víctimas desaparecidas han sido reconocidas, con distintos grados de certeza, por familiares o conocidos en videos o fotografías de la salida de rehenes del Palacio de Justicia […] y hasta el día de hoy el Estado no ha esclarecido los hechos de manera definitiva ni ofrecido una explicación satisfactoria frente a todos los indicios que han surgido sobre la desaparición forzada de las víctimas. Por el contrario, aún cuando ha sido la teoría del Estado desde 1986, no ha surgido evidencia de que las víctimas hubieran fallecido en el Palacio de Justicia, excepto en los casos de Norma Constanza Esguerra y Ana Rosa Castiblanco”.

Por esa razón, porque sí hay indicios que “apuntan a su fallecimiento” en el Palacio, la CorteIDH no condenó al Estado por las desapariciones de Esguerra y Castiblanco. Los restos de Castiblanco fueron identificados en el 2000, después de ser cotejados con el ADN de sus familiares. Esos restos fueron exhumados en 1998 en la fosa común del Cementerio del Sur, donde se sepultaron muchos cuerpos no identificados inmediatamente después de la recuperación del Palacio. Los de Esguerra fueron identificados en el 2013. Habían sido entregados a los familiares del magistrado Serrano Abadía, como si fueran de éste.

Pues bien, después de la sentencia de la CorteIDH, se identificaron, en el 2015, los restos de Cristina Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela, y en el 2017 los de Bernardo Beltrán, que habían sido enterrados en la tumba de Jorge Alberto Echeverry, asesor de la Corte, y los de Beltrán Fuentes, que habían sido entregados como si fueran los de Julio César Andrade, también asesor de los magistrados. Es decir, de los once los únicos no identificados hasta ahora son los restos de Rodriguez Vera, David Suspes y Gloria Lizarazo. Irma Franco fue efectivamente desaparecida.

Por todo eso, Jorge Ricardo Sarmiento, fiscal investigador del caso del Palacio, se atrevió a afirmar hace un par de semanas que “los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado en estos últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados. Es decir, estas personas que supuestamente habían estado desaparecidas realmente fueron mal entregadas o mal identificadas en el año 1985”.

Sus declaraciones levantaron una polvareda. Pero, más allá del ruido, además de Franco, ¿hubo desaparecidos en el Palacio? Responderé en la próxima columna.