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Denuncian que Jorge Iván Ospina vía decreto pretende legalizar el terrorismo urbano, e intenta crear colectivos chavistas en Cali

Valledupar, 2 de junio, 2021.- Cada hora que pasa crecen las denuncias en las redes sociales y el rechazo al decreto firmado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina en el cual busca legalizar violando la ley y pasando por encima de las ordenes presidenciales establecidas en el Decreto 575 y atribuciones que solo corresponden al mandatario presidencial, poniéndose además como obstáculo para impedir asistencia militar para levantar los bloqueos y brindarle la seguridad y libertad a que tienen derecho los caleños, y los habitantes del Valle del Cauca y demás colombianos a entrar y salir y moverse por Cali como se les antoje.

El rechazo a dicho decreto obedece a que según alerta la senadora María Fernanda Cabal el alcalde Jorge Iván Ospina quien ha responsabilizado desde la arremetida violenta contra los ciudadanos de Cali ha sido causa por la negligencia del alcalde quien no ha hecho lo que como autoridad le corresponde, y ahora pretende con una decreto legalizar la ilegalidad con que los violentos han mantenido secuestrada a la ciudadanía. Además desconoce órdenes del Gobierno en el Decreto 575 impidiendo la asistencia militar para levantar bloqueos.

Igualmente alertó la senadora María Fernanda Cabal sobre las supuestas “garantías para la protesta” de las que habla el documento, invirtiendo el lenguaje, por el lenguaje marxista revolucionario, porque con ese supuesto derecho fundamental a la protesta lo que hace es darle reconocimiento a quienes se hacen llamar “La Unión de Resistencia Cali Primera Línea Somos Todos”.

Por lo anterior pregunta la senadora Cabal: quién facultó al alcalde Jorge Iván Ospina para reconocer una situación irregular y delincuencial, disfrazando un decreto a una “dialogadera” con quienes tienen parada la ciudad y la economía, así mismo amarrando nuevamente a la Fuerza Pública?. Actuando de la misma forma en que lo hizo Hugo Chávez en su momento, lo que posteriormente convirtió en lo que son los Colectivos que se le meten a la gente en sus casas.

Dijo además que los actos ocurridos en Ciudad Jardín se debieron a que el alcalde le impidió al Esmad salir a contrarrestar el terrorismo urbano. Al tiempo que señaló que esa fue la razón por la que la ciudadanía se vio obligada a salir a defenderse porque de lo contrario la destrucción hubiera sido más grande. Las garantáis se le deben dar es a la ciudadanía.

A través del decreto no obstante la falta de facultades para su actuación decide entonces Jorge Iván Ospina reconocer los bloqueos con los que se ha violado la libre locomoción, el derecho al trabajo, la salud, la vida, la integridad, la seguridad, al estudio, a la alimentación porque con la protesta violenta se ha generado una catástrofe en la ciudadanía que no pudo salir de sus casas a abastecerse, que no ha podido salir de sus casas para llevar a cabo sus actividades cotidianas y las propias que como ser humano tiene derecho, configurándose una actitud ilegal por parte del al alcalde al darle viabilidad a “una situación irregular y delincuencial teniendo en cuenta que el bloqueo solo es permitido cuando se trata de algunas horas”.

Otro de los reclamantes por la acción del alcalde Ospina, es el senador Gabriel Velasco Ocampo quien dijo desde su cuenta de tuitter que “La alcaldía de Cali con decreto expedido “legitima las vías de hecho y los bloqueos que han sitiado a CALI”. Además de que las mesas de diálogo no se deben instalar sin exigir un levantamiento total de los bloqueos criminales en la ciudad.

Así mismo el Concejal Conservador de Santiago de Cali, Fernando Tamayo este martes exigió en el Concejo de esa ciudad que le explicaran el concepto de “pacifico”, porque los bloqueos y retenes ilegales no son manifestaciones pacíficas, afectando al oriente, el distrito de Aguablanca, la gente de ladera, afectando a toda la ciudadanía, presentándose una profunda contradicción, generando un documento donde de alguna manera los legaliza. Por lo que rechazo que se soporten diálogos menoscabando los derechos de la mayoría d el a población.

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