COLUMNISTAS

*Experto en financiamiento agroindustrial.

Preocupante las cifras del comportamiento del crédito agropecuario. De los 5.5 billones desembolsados en los primeros cuatro meses del año, sólo el 14% fue destinado para inversiones en el campo y a pequeños productores, mientras que más del 70% de los desembolsos se concentraron en la industria y grandes superficies de alimentos ubicadas en las 10 principales ciudades capitales del país.

Esta es una alerta roja para los miembros de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, órgano rector de la política de crédito rural en el país. El Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, creado mediante la ley 16 de 1.990, no está cumpliendo su objetivo y por lo tanto hay que reformarlo para que pueda jalonar el crecimiento económico del país, reducir los desequilibrios entre los sectores urbanos y rural y generar encadenamientos agroindustriales.

También es una señal de alerta para los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, ya que el esquema de las inversiones forzosas en Títulos de Desarrollo Agropecuario, no está teniendo ningún impacto en el crecimiento de las colocaciones de créditos en los medianos y pequeños productores, ni en las inversiones al sector primario. Según las cifras de la Superintendencia Financiera y de Finagro, hay 6.3 billones de pesos, invertidos en TDA clase A, que no están siendo colocados en créditos a los pequeños productores. A nuestros campesinos les toca financiar sus inversiones con los agiotistas, los gota a gota y casas comerciales, a unas tasas de interés muy altas que le merman fuertemente sus ingresos.

Sería conveniente que la Comisión Nacional de Crédito, la Junta del Banco de la República y la Superintendencia Financiera, se sienten a manteles con Asobancaria para encontrar una salida a este delicado problema de acceso al crédito en el sector rural. Sin instrumentos financieros adecuados, no vamos a lograr ninguna productividad, rentabilidad y competitividad en el sector agropecuario del país. Se trata de concertar las diferencias que existen en materia de encaje, tasas de redescuento y de interés final, porcentajes de validación de la inversión forzosa, simplificación de líneas de créditos y garantías complementarias.

Otra tarea pendiente por parte del ministerio de Agricultura, para facilitar el acceso al financiamiento del sector, es el cambio de metodología en la clasificación de los diferentes tipos de productores. Mientras sigan clasificándolos por el nivel de activos y no por el volumen de ventas, va a ser muy difícil bancarizar a los pequeños y medianos productores del campo.

Así mismo, deben replantearse las líneas de créditos estandarizadas que impiden ajustar los plazos de los créditos a los flujos de cajas de los proyectos productivos. Inclusive, ir más allá, y permitir que los núcleos agroindustriales, puedan acceder a líneas de créditos en condiciones favorables con respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías para que puedan financiar los costos de instalación y sostenimiento de las unidades productivas de sus proveedores de materias primas. Una especie de crédito comercial solidario.

En el documento de la Misión para la Transformación del Campo, hay más ideas para democratizar el crédito agropecuario. Sería bueno que le echaran una leída.