COLUMNISTAS

La Constitución Política de Colombia ofrece todas las fórmulas para responder frente a actuaciones legítimas y las que son irregulares a todas vistas. El tema a analizar parte de la muerte de Javier Ordoñez, que ha generado el vandalismo anunciado desde antes de la pandemia del COVID, no solo para Colombia, para otros países, incluyendo quien lo creería al país de las libertades Estados Unidos de América, la del capitalismo en su máxima expresión, pero la meca en la que sueñan echar raíces y tienen propiedades los “paladines” de la izquierda fundamentalista colombiana.

Si, Javier Ordoñez murió tras un procedimiento totalmente irregular. Ya estaba sometido, lo cual no ameritaba continuar en el uso del arma conocida como “pistola Taser”, uso regulado en la Resolución 00448/15 de la Policía Nacional.  El dispositivo tiene como objeto descontrolar los músculos motores, a través de la corriente eléctrica, como respuesta a agresiones, resistencias, peligros generados por un individuo y en atención a los manuales de la Institución Policial, sobre técnicas de incapacitación y técnicas de derribamiento, enseñadas a los hombres y mujeres que ingresan a la institución mencionada.

Este suceso amerita analizar, algunos aspectos, para que, desde el Derecho, teniendo como referente la Constitución Política y la Ley y solo después, se asuman posiciones un tanto más coherentes y menos apasionadas, porque las pasiones nublan el entendimiento y han motivado, generan y motivarán reacciones impensables, donde los resultados son generalmente negativos. Veamos:

1.-En Colombia esta proscrita la pena de muerte. El valor esencial es la vida. Ello lo señala la Constitución Política en los siguientes términos, dirigida todos sin excepción: “Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

Cuando fungí como magistrada, reaccionaba frente a casos que la doctrina y jurisprudencia, calificaba como “ejecuciones extrajudiciales” dentro del contexto nacional, pues simple y llanamente no existen las “ejecuciones judiciales”, que equivalen a las penas de muerte ordenadas por jueces en otras latitudes,  por expresa prohibición de la Constitución y porque además ni siquiera es posible pensar en esta figura en nuestro país, pues en calidad de Estado Parte de la Convención Americana de DDHH, Colombia está comprometida a no introducirla en su ordenamiento jurídico:

Artículo 4.  Derecho a la Vida

3. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. …. (…)
4. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

En el procedimiento policial en que se involucró a Javier Ordoñez, quien no muere en el sitio del video conocido, a prima facie se observa que, se encontraba sometido por dos uniformados, uno de ellos disparando repetidamente el dispositivo, lo cual evidencia el exceso en el proceso de incapacitación y derribamiento del individuo. Aún se desconocen los resultados oficiales de la necropsia que técnicamente informará a la Fiscalía y al Juez. La Ley debe ser aplicada con todo el rigor del caso.

2.- Lo anterior, desencadenó una ola de ataques contra la Policía Nacional generalizando de forma poco objetiva el comportamiento de miles de hombres y mujeres, desde el mismo sector radical o fundamentalista que tanto daño está causando en nuestro país. Absurdo desde cualquier lógica. Algunos han reaccionado con argumentos tales como: por la pederastia comprobada en maestros y sacerdotes, ¿es posible incluir a todos los integrantes de estas profesiones, no solo a los autores de estos delitos?; por causa de los descuidos de maestras o madres comunitarias, han muerto niños y niñas ¿ esto legitima el señalamiento para todos los docentes y madres?; las muertes en proceso de parto, por las negligencias de un número reducido de médicos, ¿permite atribuir tales comportamiento a todos los galenos?; las conductas no santas de algunos abogados, ¿autoriza que se puedan endilgar a todo el conjunto de abogados?. Las respuestas son un rotundo NO y desestructura la ilógica de la primera posición.

Desde otras ópticas se han suscitado escritos de apoyo para la Policía Nacional, los cuales reconocen la labor de tantos años de la institución, que ha ofrendado la vida de hombres y mujeres, con el fin de garantizar de conformidad con el artículo 218 de la Constitución Política, el ejercicio de los derechos y libertades públicas, además de asegurar la convivencia en paz. A propósito, la Policía Nacional, ofrendó la vida de 22 estudiantes o cadetes de la Escuela General Santander en enero 2019, además de una serie de heridos, como consecuencia del ataque suicida originado desde la subversión, sin que ello hubiera suscitado una la ola de vandalismo similar a la que está desencadenada y orquestada en esta semana en varias ciudades del país.

No puede dejarse en el olvido de la ingratitud, las labores de solidaridad total comprobadas y aquellas que calladamente cumplen los miembros de la Policía Nacional  sometidos a su disciplina, cumpliendo la Constitución y Ley de forma cabal y rigurosa, sacrificando en muchas oportunidades los intereses privados o particulares, sus familias, hijos,  progenitores, cónyuges o compañeras, aceptando ir a cumplir sus funciones en sitios remotos, privándose del afecto y cariño  a que todo ser humano tiene derecho. De ello puedo dar fe, porque por muchos años por razones de seguridad, tuve hombres y mujeres de la Policía Nacional a mi lado, conociendo de sus alegrías, preocupaciones, esperanzas y dramas personales. Algún par de veces experimenté algún hecho irregular y bochornoso con policías desconocidos y que jamás volví a ver, pero ello no fue ni es motivo para no destacar y reconocer la labor tan delicada cumplida por la gran mayoría.  Seneca dijo: “ ingrato es quien niega el beneficio recibido; ingrato, quien no lo restituye; pero de todos, el más ingrato es quien lo olvida”. Prohibido olvidar.

3.-La muerte de Javier, quien fuera mi estudiante en el programa de “profesionales diferidos” en la UCG de Bogotá, permitió conocer que aún no había culminado su plan de estudios en la Facultad de Derecho y por tanto no era aún abogado. Era ingeniero aeronáutico.  Lo que sorprende es como, en el afán de justificar un procedimiento policivo irregular, abusivo, que debe ser objeto de castigo de conformidad la ley, en los medios y redes sociales difundan mensajes escritos y auditivos, sobre la vida de él, indicando por ejemplo que había sido “indiciado” por violencia intrafamiliar, consumía licor, etc.  Inexcusable que abogados repliquen los mensajes, desconociendo la presunción de inocencia, pues así lo dispone la cláusula contenida en el artículo 29 de nuestra Carta Política; por otro lado, la existencia o no de un prontuario policivo por sanciones o judicial por sentencias, no resulta ser exculpatorio o justificante para conductas contra la ley. La ausencia de responsabilidad penal está señalada en doce posibilidades en el artículo 32 del Código Penal, que la doctrina cataloga como eximentes de responsabilidad por legítima defensa o estado de necesidad. En ninguna de ellas, se puede encuadrar el “peligrosismo” propio de sociedades prejuiciosas.

 4.-Se desencadenaron oleadas de vandalismo, ejecutadas por sujetos sin identidad o algunos no identificables, fenómeno para nada espontáneo ni autónomo, todo lo contrario, según estudios los sujetos autores de tales conductas salvajes son determinados por los que se encuentran apoltronados en sus casas, observando eufóricamente, tal como lo hizo Nerón cuando incendió el Foro romano. Fue la crónica de un vandalismo anunciado y convocado. Solo hacía falta un percutor que encendiera la llama en el lumpen amorfo y aparentemente sincero. Creer lo contrario es pecar inocentemente.

El historiador Alexis López, presenta de meses atrás, a partir hechos reales, el desarrollo de la revolución molecular disipada y la práctica de desconstrucción en países como Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, España e incluso en los Estados Unidos de América, promoviendo y promocionando diferentes actividades que pasan inadvertidas para la mayoría de las personas. Impasibles e ignorantes de este fenómeno, irrumpen movimientos vandálicos, con sujetos previamente entrenados, quienes cumplen tareas específicas, delincuentes a los cuales se unen otros malhechores para sembrar el caos, llenar de temor a la sociedad civil y apropiarse de las calles para servir a promotores que buscan obtener dividendos personales.

Pretender creer incautamente, que son reacciones clamando por la justicia de la muerte específica de una persona, que transforma y cambia la discursiva en pro de reivindicaciones sociales, es lo mismo que seguir creyendo que los niños los traen las cigüeñas de Paris. Si las reacciones clamando por la justicia fueran ciertas, miles de personas se hubieran volcado a las calles a reclamarla por la masacre de Bojayá, donde murieron creyentes que pensaron que, bajo el techo humilde de su capilla y la mirada fija de las estatuas de sus santos, serían resguardados más no víctimas de los cilindros de gas lanzados las Farc. Si por justicia fuera, las calles se estarían abarrotando por tantos niños, niñas, adolescentes o mujeres abusados sexualmente y cuyos victimarios gozan de alto índice de impunidad, incluyendo curules en el Congreso.

5.- Destruir los bienes del Estado es inaudito. Los buses del Transmilenio de Bogotá incendiados, es replica de la destrucción de trenes y estaciones en Santiago de Chile en 2019.  Dañar edificios públicos para el servicio de la ciudadanía, tampoco tiene explicación, pues tienen origen en los dineros de los contribuyentes, ya que el Estado no produce o genera recursos propios. Tampoco tiene justificación la destrucción de bienes de particulares, generalmente establecimientos donde se proporciona trabajo a muchas personas. Menos puede ser razonable lesionar o asesinar a otras personas, como ha ocurrido en estas jornadas horripilantes. ¿De cuándo acá, la violencia se reclama con más violencia? Escalofriante ver sujetos armados correr por las calles, imitando el estilo venezolano. EL castrochavismo es una realidad, así una elite de pseudointelectuales, manifiesten que es un “coco” inventado por un sector nacional. Una de las metas de la desconstrucción, es eliminar la Fuerza Pública, para facilitar el cumplimiento de los propósitos de la revolución molecular disipada y después entronizar los famosos colectivos, mediante los cuales se somete a la población, con la restricción total de los derechos humanos.