EN CAMPAÑA, JUSTICIA

El alto tribunal compulsó copias a la Cámara de Representantes al encontrar posibles irregularidades en el reporte de gastos aéreos durante la campaña de Gustavo Petro en 2022. Según las pesquisas, vuelos del entonces candidato habrían sido reportados como si pertenecieran a aspirantes al Congreso.

Valledupar, 8 de octubre de 2025.- La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes copias del proceso en el que aparecen mencionadas posibles irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro. El tribunal halló indicios de que el hoy jefe de Estado habría superado los topes de gastos en 2022, situación que debe ser investigada por el organismo competente, dada la figura de fuero presidencial.

La compulsa de copias fue ordenada por el magistrado Misael Rodríguez, tras concluir una investigación que inicialmente buscaba esclarecer el manejo de recursos en la campaña legislativa del Pacto Histórico. Aunque en un comienzo se indagaba a 20 aspirantes al Congreso por supuestas anomalías en los costos de transporte aéreo, la Corte determinó que no había irregularidades atribuibles a esos candidatos, pero sí halló inconsistencias vinculadas a los gastos de Gustavo Petro en su aspiración presidencial.

De acuerdo con el fallo, durante la campaña Petro realizó al menos 27 viajes con la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI). No obstante, varios de esos vuelos habrían sido presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como si correspondieran a los traslados de candidatos al Congreso, y no del entonces aspirante a la Casa de Nariño. El tribunal identificó que facturas y planillas fueron reportadas de manera colectiva, lo que habría permitido diluir los costos en los informes oficiales.

El análisis reveló que Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud y gerente de la campaña del Pacto Histórico en ese momento, junto a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y responsable de la campaña presidencial, reportaron al CNE una factura global por más de 1.200 millones de pesos en servicios aéreos. Dichos recursos fueron cargados proporcionalmente a los candidatos al Senado y la Cámara, pese a que gran parte de los vuelos fueron usados por Petro.

Si bien la Corte descartó que la empresa aérea hubiera inyectado dinero de origen ilícito, sí dejó en evidencia que su aporte en especie, a través de vuelos, fue reportado de manera irregular. Por esa razón, al cerrarse la investigación contra los congresistas, la Sala de Instrucción ordenó que la Comisión de Acusación inicie un nuevo expediente para determinar si efectivamente la campaña presidencial de Petro incumplió los límites legales de financiación.