POLITICA

Barranquilla, 14 de septiembre de 2019.- La Corte Suprema de Justicia, condenó este viernes a la ex representante a la Cámara del departamento del Atlántico, y senadora elegida en las elecciones de por el Partido Conservador,  Aida Merlano Rebolledo en primera instancia a 15 años de cárcel por escándalo de compra de votos, en decisión que fue proferida por los magistrados a cargo del proceso y quienes impartieron la condena Ariel Augusto Torres Rojas y el compuesto Francisco José Sintura.

Los delitos que cobijó la Corte para la condena en primera instancia son: concierto para delinquir agravado corrupción al sufragante, y tenencia y porte ilegal de armas. Lo único que los magistrados no tuvieron en cuenta fue la retención de cédula si embargo, la defensa también había solicitado la nulidad de algunas pruebas pero la Corte no accedió ante esa petición. La decisión tiene una última instancia que se debe llevar a cabo ante la Sala de Casación Penal.

Aida Merlano quien se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, días después del allanamiento del inmueble por parte del CTI el día 11 de marzo día de las elecciones en la sede de campaña de Aida Merlano ubicada en el barrio El Golf de Barranquilla, cuando la Corte definió como sitio de reclusión el lugar negando todos sus derechos como madre cabeza de familia y su estado de salud que su defensa reclamó.

 La defensa de Aida Merlano también había solicitado la nulidad de algunas de las pruebas que la Fiscalía adjunto en su contra pero la Corte Suprema de Justicia se mantuvo en su decisión. Según el fallo el Tribunal se encontró evidencia de la existencia de una organización que según señalaron estos jueces, lideraba o dirigía Aida Merlano y que según dijeron, tenía como propósito afectar la libertad de los electores a través del ofrecimiento y entrega de dinero a cambio de el sufragio.

También la Sección Quinta del Consejo de Estado había declarado la nulidad de la elección de Merlano cono senadora para el periodo 2018 -2022

La Corte Suprema de Justicia, estipula en su decisión además de la sanción penal por 15 años de cárcel, le impone una multa equivalente a 666,64 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otra parte en este proceso, la Procuraduría General de la Nación también señaló tener varias pruebas en su poder como registro de cédulas de ciudadanía que fueron halladas en el inmueble el día de la allanamiento por parte del CTI en Barranquilla.