JUSTICIA, NACIONALES

Barranquilla, 24 de junio de 2024.- El Consejo de Estado ratificó este lunes la competencia del Consejo Nacional Electoral CNE para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego. A raíz de una solicitud que presentó a nombre propio el ciudadano José Ángel Espinosa Henao, además de ser una respuesta a la demanda del abogado Héctor Carvajal, en representación de la cabeza del régimen de extrema izquierda que gobierna a Colombia. Carvajal había solicitado la nulidad de la investigación argumentando que el CNE carecía de competencia. Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado rechazó estas pretensiones y confirmó que la entidad tiene la autoridad no solo para investigar la campaña de Petro, sino también todas las campañas presidenciales.

Este fallo del Concejo de Estado fortalece, y no demerita ante lo que se quiso conseguir al buscar desautorizar la competencia del CNE, que había sido emitido el 20 de mayo de 2024, que responde a una demanda que busca la pérdida del cargo de Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, durante su periodo constitucional. La Corte Constitucional también respalda esta decisión, confirmando que el CNE es la autoridad competente para investigar la campaña de Petro, que habría tenido financiación de forma irregular.

Es así como el Consejo de Estado confirmó la competencia del CNE para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro. Con esta decisión se reafirma la autoridad del CNE para indagar sobre las irregularidades en los gastos de campaña y que, a partir de los hallazgos, se apliquen las sanciones que corresponden como lo es la pérdida del cargo al violar los topes financieros establecidos.

Ahora bien, en todos los casos, le corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar la investigación sobre la financiación de campañas, y con base en el acto correspondiente, decretar las sanciones exclusivamente administrativas a que haya lugar, sin que le sea posible de ninguna manera decretar la pérdida de investidura o del cargo”, manifestó el Consejo.

Al comprobarse la violación de los topes electores, le corresponde al Congreso de la República llevar a cabo el Juicio Político y sancionarlo con la perdida de la investidura tal como está obligado y lo establece la ley. De no actuar como les corresponde en la aplicación de la ley, los congresistas estarían cayendo en PREVARICATO, expuestos a que quienes tengan que salir de sus cargos sean ellos. Así también lo dejó claro el abogado demandante en el caso del Juicio Político, José Manuel Abuchaibe.

Regresando al fallo del Consejo de Estado, expresa que “el CNE está facultado tanto para realizar investigaciones como para imponer sanciones si se detectan irregularidades”, en las que están incluidas, además de multas económicas, “medidas más drásticas, como la pérdida de la personería jurídica del partido involucrado y el cese de la financiación estatal”, lo que podría tener impactos significativos en el partido Pacto Histórico, el cual respaldó a Petro en su campaña electoral.

Esta determinación tiene implicaciones de gran alcance, ya que se asegura la supervisión y control sobre el financiamiento de las campañas presidenciales, en aras de mantener la integridad del proceso electoral. “La transparencia en el uso de los recursos de campaña es esencial para garantizar la equidad y legitimidad del proceso democrático”, puntualizó también el Consejo de Estado en su dictamen.

El proceso que sigue en la investigación, es la formulación de cargos y sanciones, como la pérdida de personería jurídica del movimiento político y del candidato. Al tiempo que, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, tiene la competencia y ya probado por el CNE la violación de los topes electorales, de allí pasarla al Senado de la República para ser sometido al juicio entonces corresponde al pleno del Congreso decretar la perdida de la investidura. Todo depende de la velocidad del proceso de acuerdo al compromiso de los congresistas, lo cual podría extenderse más allá de un año.

Otros implicados en la demanda de violación de los topes electorales, es Ricardo Roa, gerente de la campaña del Pacto Histórico en 2022. El 8 de mayo, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron una ponencia de imputación ante la Sala Plena del tribunal. Esta acción surgió de indicios en los que el material probatorio indica que la campaña presidencial excedió los topes de financiación permitidos. De confirmarse dichas irregularidades, las consecuencias podrían incluir la pérdida de investidura de Petro.

Por otra parte, cabe resaltar que la investigación del CNE se centra en la campaña electoral, no en el presidente. No obstante, los resultados abordan directamente, su responsabilidad y como consecuencia es la perdida de la investidura. “La indagación es a la campaña presidencial de quien obtuvo la mayoría de los votos para llegar a la Casa de Nariño”.

Asimismo, el artículo 109 de la Constitución impone sanciones penales por exceder los topes electorales. Al determinarse responsabilidades, el proceso tiene que pasar al Congreso, e iniciar el juicio político de pérdida de investidura. Al existir las investigaciones penales correspondientes que ya fueron interpuestas por los abogados de Foro.