POLITICA

Valledupar, 26 de febrero de 2020.- La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia Alberto Brunori, trascendiendo la esfera de su competencia, presentó este miércoles el supuesto informe anual sobre el estatus de estas garantías fundamentales en el país en el que mirando por el ojo izquierdo y estrecho habla de violaciones entre las que se encuentran según dicen “masacres récord en los últimos cinco años y decenas de asesinatos a líderes sociales”, pero en su afán por imponer a través de este organismo las políticas internas a los países, no se refiere a los múltiples atentados terroristas contra los hombres y mujeres del Ejército de Colombia y la Policía Nacional, seres humanos iguales que los otros, por lo que muestra su única preocupación proterrorista, tampoco se refiere al abuso de las políticas abortistas que pretende imponer, sino por el contrario que les reitera su apoyo. 

Recordemos que, tal como lo recuerdan a raíz de este informe, personal de las Reservas de las Fuerzas Armadas que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, con el supuesto de los Derechos Humanos intervinieron en el abuso que este sinvergüenza ex mandatario, incluso pagándoles la cantidad exorbitante de 315 millones de dólares a la ONU como validadores del falso Acuerdo con las FARC, violentando la democracia colombiana que rechazó el Plebiscito refrendatario en las urnas, mientras continúan desconociendo la autoridad legítimamente constituida de las Fuerzas Armadas de Colombia.

No obstante que según las Naciones Unidas la tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, la solución no es desarmar a las autoridades sino prevenir por un lado y por el otro atacar el flagelo. Los asesinos no son la Fuerza Pública, los asesinos son la delincuencia organizada, y los grupos al margen dela ley infiltrados en las Universidades destruyendo a la misma juventud tal como sucedió con el joven que se auto eliminó con una papa explosiva en las afueras dela Universidad de Antioquia.

También la Oficina de la ONU registró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada desde el 2014, según manifiestan.

Sin embargo reconoce el informe que “los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde las continuas disputas por el control de las actividades ilícitas fueron una de las principales causas de esta violencia según denuncias ellos mismos. El informe menciona ataques del ELN, así como de grupos criminales, algunos conformados por antiguos integrantes de las FARC-EP, pero también de autodefensas, como el Clan del Golfo y organizaciones criminales transnacionales”. Con la cual “evidencia que efectivamente a quienes hay que desarmar y atacar es a los traficantes y grupos terroristas que se mueven en esas áreas#, señalan Reservistas consultados.

En este orden resultan terminando siendo afectadas las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas que habitan en esas áreas, además del incremento en los casos de privaciones arbitrarias de la vida, así como violaciones cometidas contra niños en el contexto de la violencia y de lo que la ONU en contubernio con Santos decidió llamar “conflicto armado”.

El informe que es presentado, y por tanto visto por el ojo izquierdo y estrecho de la líder socialista Michelle Bachelet quien se encuentra al frente de la Oficina de la Alta Comisionada para el tema de derechos Humanos de las Naciones Unidas, entidad de la que varios países como Estados Unidos y Brasil, además de han denunciado sus intromisiones en las políticas internas además de anunciar su retiro de acuerdo al abuso socialista por su intención de persistir en imponer sus ideologías comunistas, desconoce la violencia de las supuestas protestas sociales ocurridas el año pasado, las cuales Brunoni avalado por Bachelet considera que “la mayoría fueron pacíficas”, y según su ojo estrecho lo que el llama “”la Oficina”” notó con preocupación que, en algunos casos, la policía respondió de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia””, no obstante que un grueso número de uniformados de la Policía Nacional resultaron lesionados, mientras los violentos manifestantes celebraban los ataques.

Y repite el abusivo informe avalado por Bachelet, su desafuero y arremete contra la Fuerza Pública en defensa de las violentas protestas del 2019, señalando que “algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza”.

Insiste en su defensa y arremete contra las Fuerzas legítimas del estado afirmando que los violentos manifestantes recibieron “malos tratos y  tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas”, no obstante que pudo haber casos aislados.

También desconoce el infortunado Brunoni, avalado por la infortunada mujer socialista que dejó a Chile echa un desastre, los ataques perpetrados por los violentos manifestantes contra periodistas y medios de comunicación que cubren la fuente, y por el contrario sale en defensa de según ellos “representantes de medios alternativos”, cuando la realidad es que se trató de los 36 allanamientos entre los que estaban asociaciones de artistas, organizaciones no gubernamentales y residencias de estudiantes en Bogotá, Cali y Medellín, que la Policía Nacional llevó a cabo legalmente contra lugares sospechosos de refugio o hacinamiento de maleantes. Así mismo habla de agresiones físicas y obstrucción a labor periodística, que realmente se desconoce de donde salió esa errada información. Pero el informe avalado por la Bachelet dice que se “documentaron tres casos de presunto uso excesivo de la fuerza y cuatro casos de detenciones arbitrarias que afectaron a periodistas”.

Y luego de “un informe mentiroso y farcsante”, calificado así por fuentes de la Reservas quienes señalan que “lo que continúa es el acomodo de las perversas políticas de la ONU, apoyado en el mismo Juan Manuel Santos quien continúa con sus tentaculos en el gobierno nacional, informe con el que pretende intervenir en los asuntos internos con supuestas recomendaciones interfiriendo en la soberanía y seguridad de la mayoría de los ciudadanos colombianos los cuales se han visto sometidos no solo a las manifestaciones violentas sino a ver a su Fuerza Pública sometida al abuso de los violentos manifestantes”.

Por lo que en sus recomendaciones insta al Estado “a restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con supuestas normas y estándares internacionales, el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social”, esto es, que los violentos y terroristas infiltrados puedan destruir el país a sus anchas.

Y arremete contra el Esmad solicitando “iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD durante lo que llama “protestas sociales”, y no ataques contra la institucionalidad, al mismo tiempo que descalifica las investigaciones que se han llevado y se llevan a cabo. Asimismo, el ACNUDH se toma el atrevimiento de pedir una “profunda transformación del ESMAD, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales”.

Igualmente pretende desconocer que las entidades de justicia o investigadores del CTI, Sijín y otros, en sus investigaciones garantizan el respeto de las normas y estándares internacionales en la investigación de violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal en donde presuntamente están involucrados miembros del ejército y/o la policía, poniendo en tela de juicio la honorabilidad de los investigadores del estado legítimamente constituido. Por lo que atrevidamente pretenden intervenir dando ordenes señalado que “la justicia ordinaria mantenga su competencia sobre estas investigaciones”, pero no se refiere de ningún modo a los asesinatos que en principio documenta señalando que se llevan a cabo en  los más afectados “departamentos de Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde aseguran que las disputas por el control de las actividades ilícitas fueron una de las principales causas de esta violencia. Y señala como responsables de los ataques al Ejército de Liberación Nacional ELN, así como a grupos criminales, conformados por  miembros de las FARC-EP, al igual que autodefensas, como el Clan del Golfo y organizaciones criminales transnacionales”.

Alienta a la Fiscalía General de la Nación a aplicar consistente e integralmente los Protocolos de Minnesota y de Estambul en las investigaciones de violaciones que involucran presuntamente al ejército y/o a la policía, pero igualmente en este orden tampoco se refiere a los grupos terroristas y narcotraficantes.