COLUMNISTAS

Lo ocurrido en Colombia ya no admite matices ni lecturas complacientes. Es una afrenta directa, abierta y descarada contra el Estado de Derecho. El llamado “juicio” del ELN contra funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación no solo es ilegítimo: es una expresión brutal del deterioro de la autoridad estatal y del avance de una peligrosa normalización del crimen.

La más reciente información, conocida el 5 de mayo de 2026 desde Arauca, confirma la gravedad del hecho. El ELN difundió un video en el que asegura haber “juzgado” a dos ciudadanos que mantiene secuestrados desde hace más de once meses. Según esa pieza propagandística, el agente del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo habría sido “condenado” a cerca de 60 meses de prisión, mientras que Rodrigo Antonio López Estrada recibiría una supuesta pena de 55 meses.

No estamos ante un hecho menor. Estamos ante una organización criminal arrogándose funciones exclusivas del Estado, dictando “sentencias” como si tuviera legitimidad jurídica, como si sus décadas de violencia no existieran, como si el secuestro fuera un procedimiento legal y no uno de los crímenes más atroces.

Esto no es justicia. Es barbarie organizada.

El ordenamiento jurídico colombiano es claro: solo las autoridades legítimamente constituidas pueden investigar, juzgar y sancionar. Lo del ELN no es un proceso judicial, es un acto de coerción, una prolongación del secuestro mediante un montaje que busca disfrazar de legalidad lo que no es más que un crimen continuado. Por eso, distintos sectores han advertido que este tipo de acciones constituyen una flagrante violación a los derechos humanos.

Pero lo verdaderamente alarmante no es solo la actuación del grupo armado ilegal. Es la respuesta (o la falta de ella) por parte del Estado.

Porque mientras el ELN secuestra, “juzga” y condena, el gobierno insiste en sostener una política que, en la práctica, ha terminado enviando señales de permisividad. Se habla de diálogos, de paz, de construcción colectiva, pero en el terreno lo que se observa es otra cosa: grupos armados que fortalecen su control territorial, que desafían abiertamente la institucionalidad y que ahora, incluso, pretenden reemplazarla.

No se puede construir paz sobre la base de la impunidad.

No se puede hablar de reconciliación mientras hay ciudadanos encadenados en la selva, sometidos a farsas judiciales por quienes los secuestraron.

Y no se puede gobernar un país mirando hacia otro lado cuando se cruzan límites tan peligrosos como este.

Aquí no hay zonas grises. Aquí hay una línea clara entre la legalidad y el crimen. Y el ELN está, sin discusión, del lado de la ilegalidad, de la violencia, del desprecio absoluto por la vida y la dignidad humana.

Lo más preocupante es que, frente a estos hechos, una parte de la sociedad parece haber caído en una especie de anestesia moral. Se relativiza, se minimiza o simplemente se guarda silencio. Y ese silencio, en contextos como este, no es neutral: termina siendo funcional a los victimarios.

Porque cuando el horror se normaliza, el crimen avanza.

Y cuando el Estado no actúa con firmeza, el mensaje que se envía es devastador: que en Colombia los ilegales pueden no solo delinquir, sino también imponer su propia “justicia”.

Hoy no solo están secuestrados Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

Hoy está en juego algo mucho más grande: la autoridad del Estado, la credibilidad de las instituciones y la dignidad misma de una nación que no puede seguir tolerando que la violencia suplante a la ley.

Colombia no puede aceptar que los criminales se conviertan en jueces.

Ni puede seguir permitiendo que el gobierno, en nombre de una paz mal entendida, termine siendo espectador de una realidad que exige decisiones firmes, contundentes y sin ambigüedades.

Porque cuando el Estado se debilita, no gana la paz.

Gana el miedo.