ECONOMICAS

Expertos señalan que la distancia entre los nodos de consumo y las fuentes de producción explica la diferencia frente a ciudades costeras como Barranquilla, donde los incrementos no superarían el 12%, por lo que urgen a la puesta en marcha de políticas de abastecimiento territorial.

Valledupar, 9 de noviembre de 2025.- Las tarifas de gas residencial en Medellín y Bogotá podrían aumentar cerca de 45% si Colombia mantiene la tendencia de importaciones, concluye un informe conjunto de Fedesarrollo y la Universidad de los Andes. El documento advierte que la falta de proyectos de exploración y la baja producción interna están encareciendo el suministro a niveles que pronto afectarán los bolsillos urbanos.

“Si la mitad del gas que demanda el país proviene del exterior, las alzas serían de 44% en Bogotá, 44,9% en Medellín y 45,8% en Bucaramanga”, señala el estudio. En un escenario completamente dependiente de las importaciones, el incremento superaría 89%, reflejando la diferencia entre el costo del gas nacional y el importado.

Según el investigador Juan Benavides, los incrementos dependen de la distancia entre los puntos de consumo y las fuentes de suministro: “las ciudades cercanas a la producción tienen menores variaciones en la tarifa”. Su colega Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, añadió que el impacto aún no se percibe porque “persisten contratos a precios bajos que expiran el 30 de noviembre”.

Los precios del gas importado oscilan entre US$14 y US$18 por Mbtu, hasta tres veces más que los nacionales, debido a los costos de licuefacción, transporte y regasificación. En la actualidad, cerca del 17,5% del consumo nacional depende del exterior, una cifra que, de acuerdo con el análisis de los expertos, podría crecer si no se reactiva la producción local.

De mantenerse esta tendencia, Fedesarrollo prevé un déficit energético capaz de reducir el PIB en 1,5%, eliminar 260.000 empleos y empujar a la pobreza a más de 250.000 personas. Finalmente, los analistas plantean que, para atajar la crisis, se debe reabrir la exploración interna y acelerar inversiones en infraestructura gasífera, mientras persiste el debate político sobre la prohibición del fracking promovida por el Gobierno.