CONGRESO

Barranquilla, 9 de diciembre de 2016.- El Centro Democrático radicó ante la Corte Constitucional un documento en el cual presenta sus consideraciones frente a la demanda de inconstitucionalidad que cursa en el alto tribunal contra el Acto Legislativo 01 de 2016 que entre otros, decidirá el futuro del llamado ‘Fast Track’.

En la misiva, firmada por varios miembros de la bancada del Centro Democrático, se transmiten a la Corte fundamentalmente dos ideas. En primer lugar, que los acuerdos presentados por el Gobierno Nacional, producto de una supuesta renegociación, son estructuralmente los mismos, razón por la cual se está ignorando un pronunciamiento popular legítimo tal y como fue el del pasado 2 de octubre; y segundo, que la refrendación de los acuerdos llevada a cabo la semana pasada en el Congreso de la República a través de una proposición, no se adecúan a lo dispuesto en el artículo 5º del Acto Legislativo 01 de 2016 ni a lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia C-379 de 2016.

“Como es bien sabido, la Corte Constitucional en sentencia C-379/16 (sentencia que aprobó el plebiscito por la paz) le otorgó fuerza vinculante a la votación desfavorable del plebiscito del 02 de octubre del presente año. En aquella oportunidad dispuso reglas jurisprudenciales claras sobre los parámetros que debían respetar los nuevos acuerdos, reglas que hoy no pueden ignorarse y/o cambiarse en virtud de un resultado desfavorable inesperado por el ejecutivo”.

“No basta con reformas inocuas o superfluas, sino que su nueva forma debe responder a las exigencias populares que impidieron la continuidad del proceso. No hacerlo desagravia el poder soberano del pueblo, al sistema democrático y representa una burla a los principios fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico colombiano”.

Respecto de la refrendación por parte del Congreso de la Republica, se puede leer en el documento: “Lo pretendido por el Gobierno no es otra cosa que desconocer el principio de democracia participativa y soberanía popular, pues la imposición al Pueblo de un marco normativo que desaprueba no solo deslegitima su actuar y su gobierno, sino que también es una afrenta grave a los cimientos del constitucionalismo colombiano”.

“El constituyente primario es la base de la estructura democrática, política y la fuente originaria de las instituciones jurídicas y gubernamentales de este Estado Social Democrático y de Derecho, por ende no debe desconocerse la real dimensión del daño que ocasionaría esta autoritaria y arbitraria decisión del Ejecutivo, auspiciada por las mayorías en el Congreso, lo cual no es otra cosa que un golpe de estado al reemplazar la estructura vigente por un régimen que desconoce los principios en que se funda la democracia”.

“Como suprema guardiana de la Carta Política, rogamos a la Corte Constitucional valorar los argumentos que expresan las preocupaciones de millones de ciudadanos que, estupefactos, estamos asistiendo al desconocimiento flagrante del mandato popular que dentro de las reglas democráticas invalidó el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las FARC, y que la misma Corte Constitucional en sentencia C-379 de 2016 condicionó la firma y aprobación de un nuevo acuerdo a la refrendación popular por vía directa”, concluye la misiva.