CONGRESO

Barranquilla, 23 de marzo de 2017.- El Senador Jaime Amín, vocero del partido Centro Democrático, explicó que el proyecto de Acto Legislativo radicado por su bancada pretende garantizarle a todos los ciudadanos, incluidos los aforados constitucionales, el derecho fundamental a la doble instancia.

“Este proyecto de acto legislativo a través del cual se modifican los artículos 31 y 235 de la Constitución Política, busca garantizar que en un marco de igualdad, un principio universal consagrado para todos los ciudadanos en cualquier democracia, también se aplique en Colombia donde hoy en día aquellos que gozan de fuero constitucional como el Vicepresidente de la República, los Ministros del despacho, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los Directores de Departamentos Administrativos, el Contralor General de la República, los Embajadores y jefes de las misiones diplomáticas o consulares, los Gobernadores, Magistrados de Tribunales, Generales y Almirantes de la Fuerza Pública son juzgados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia, sin que tengan la posibilidad de que sus fallos sean revisados”, dijo.

“El Congreso de la República, durante los últimos años ha evitado por una u otra razón abordar este tema que consideramos de primer orden, sobre todo porque tiene que ver con las garantías fundamentales de todos los ciudadanos. Desde ese punto de vista, celebramos que los altos tribunales como la Corte Suprema de Justicia también estén presentando un proyecto de Acto Legislativo para que sea el Congreso como órgano legislativo quién tome la decisión de brindar la garantía de la doble instancia a todos los ciudadanos colombianos”, afirmó.

“Este proyecto de Acto Legislativo que presenta el Centro Democrático, fundamentalmente contiene los mismos lineamientos de aquel que está presentando la Unidad Nacional en conjunto con la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia. La única diferencia que tiene el proyecto presentado por nuestro partido, es la instalación de un tribunal ad hoc que revisará, dentro de un término de 5 años prorrogables por la mitad, es decir 7 años y medio, las sentencias que haya proferido la Corte Suprema de Justicia en única instancia bajo el mandato constitucional vigente y que por ese mismo mandato no han tenido la posibilidad de ser revisadas por otra autoridad judicial”, enfatizó.

“Si algunos condenados van a tener la posibilidad de que sus sentencias sean revisadas bajo la Jurisdicción Especial de Paz, órgano paralelo y supraconstitucional de justicia creado por este Congreso por órdenes expresas de Santos y las Farc, ¿cómo no permitir que aquellos aforados constitucionales condenados en única instancia tengan derecho a una revisión de sus sentencias?”, concluyó Amín.