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En el municipio costero de Coveñas, Sucre, se está gestando una preocupación creciente que amenaza con desestabilizar tanto a la comunidad local como al empresariado que impulsa gran parte de la economía regional. El motivo: el aumento desmedido del avalúo catastral, que ha generado una cadena de consecuencias adversas para los habitantes, muchos de ellos propietarios de pequeña escala, y para los actores del sector turístico, cuya operación ahora se ve comprometida por las nuevas cargas tributarias derivadas de dicho aumento.

El catastro, en teoría, es una herramienta técnica que permite al Estado conocer, de manera detallada, las características físicas, jurídicas y económicas de los predios en el territorio nacional. Su propósito es claro: ordenar el desarrollo, mejorar la planeación y fomentar la equidad fiscal. Sin embargo, cuando este instrumento se aplica sin el debido análisis del contexto socioeconómico de una región, termina convirtiéndose en una amenaza directa para quienes deberían ser sus beneficiarios: la ciudadanía.

En el caso puntual de Coveñas, múltiples propietarios y empresarios han denunciado que los avalúos han subido hasta cinco veces su valor anterior. Aunque es cierto que el país avanza en la implementación del Catastro Multipropósito —una política pública contenida en el CONPES 3859 de 2018, que pretende actualizar el 70% del territorio nacional en materia catastral—, esta actualización debe hacerse con responsabilidad social, equilibrio y un profundo entendimiento del territorio. Lo que se ha visto en Coveñas dista mucho de ese enfoque técnico y justo: el incremento ha sido desproporcionado, repentino y sin una socialización previa suficiente que permita a los afectados entender y responder adecuadamente.

Cabe señalar que, según el Decreto 1609 de 2024, expedido por el Ministerio de Hacienda, el incremento nacional del avalúo catastral no debería superar el 3% para el año 2025. Sin embargo, este tope se refiere a los municipios que ya cuentan con una base catastral actualizada. En aquellos que apenas están en proceso de modernización (como ocurre en Coveñas), el ajuste obedece a la “nivelación” de los valores del suelo y las construcciones con el mercado real. El problema es que esta nivelación, en la práctica, no considera la realidad económica de los dueños de los predios ni el impacto directo que tendrá en los impuestos prediales que deberán pagar.

Además, este fenómeno no puede analizarse aislado del contexto económico actual. Los sectores turístico y hotelero de Coveñas apenas se están recuperando de las pérdidas ocasionadas por la pandemia, y ahora se enfrentan a nuevos tributos que podrían llevar al cierre de negocios, la disminución del empleo y, en consecuencia, a una caída en la competitividad del municipio como destino turístico. ¿Cómo se puede hablar de desarrollo y progreso si las herramientas del Estado terminan siendo una carga asfixiante para los generadores de empleo?

En este punto es crucial hacer un llamado a la Alcaldía Municipal de Coveñas. No basta con culpar a los entes nacionales por la implementación del Catastro Multipropósito; se requiere voluntad política local para defender los intereses de la comunidad. La administración municipal debe liderar un diálogo urgente con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia de Notariado y Registro, el Ministerio de Hacienda y los gremios económicos, con el fin de revisar caso por caso, aplicar los alivios disponibles y frenar el éxodo empresarial que ya se percibe.

La ciudadanía, por su parte, tiene derecho a conocer los criterios técnicos utilizados, a interponer recursos de reconsideración y a exigir transparencia en un proceso que, hasta ahora, ha sido opaco y excluyente. No puede ser que quienes han vivido toda su vida en Coveñas ahora vean en riesgo su permanencia en el territorio por no poder pagar un impuesto predial triplicado o quintuplicado sin justificación razonable.

El turismo es uno de los principales motores de la economía en la región Caribe, y Coveñas representa un baluarte en ese sector. Cualquier decisión que afecte su sostenibilidad debe evaluarse con lupa, con sensibilidad social y con la participación de todos los actores involucrados. Si se sigue imponiendo el criterio técnico por encima del sentido común y la realidad local, se corre el riesgo de que el Catastro Multipropósito, en lugar de ser un instrumento para el desarrollo, se convierta en el causante de la desintegración territorial y económica.

Coveñas merece una política catastral que mire más allá de los mapas, los planos y las cifras; necesita una gestión que escuche a su gente, valore su historia y defienda su futuro. De lo contrario, el catastro se volverá el arma silenciosa de una transformación territorial que, lejos de incluir, expulsa.