MUNDONOTICIAS

Valledupar, 5 de abril de 2026.- Una Carta Abierta publicada en X fue enviada al Secretario de Estado de los Estados Unidos, en la que el abogado constitucionalista Martín Eduardo Botero, le informa las preocupaciones sobre la integridad electoral, uso de inteligencia estatal y seguridad del candidato presidencial en Colombia, Abelardo De La Espriella. Se trata de las chuzadas ilegales confesas por parte de Gustavo Petro Urrego.

En la carta enviada por dirigida a Marco Rubio, en calidad de Secretario de Estado de los Estados Unidos, Botero señala textualmente lo que se está viviendo en Colombia

“La situación actual en Colombia ha escalado a un nivel que trasciende el debate político ordinario y plantea preocupaciones serias sobre la integridad del proceso democrático”.

“En los últimos días, declaraciones públicas del jefe de Estado han introducido en el debate electoral referencias a supuestos informes de inteligencia que involucrarían conversaciones privadas de actores políticos, empresarios y candidatos presidenciales. Estas afirmaciones, realizadas sin la presentación de evidencia pública verificable, han generado un clima de incertidumbre institucional”.

“A raíz de dichas declaraciones, distintos actores políticos y sociales han solicitado públicamente la intervención de la Fiscalía General de la Nación y de los órganos de control, con el fin de esclarecer si existen mecanismos de interceptación de comunicaciones y bajo qué condiciones se estarían utilizando. Este llamado refleja la magnitud de la preocupación generada en torno al uso —o la eventual instrumentalización— de herramientas estatales en el contexto electoral”.

“En cualquier democracia constitucional, los sistemas de inteligencia están sometidos a límites estrictos de legalidad, control judicial y finalidad legítima. La sola insinuación de su uso en el marco de una contienda política, sin transparencia ni verificación, compromete la confianza en la neutralidad institucional del Estado”.

“Asimismo, resulta particularmente preocupante la reiterada intervención pública del jefe de Estado en el debate electoral, mediante declaraciones que pueden ser interpretadas como una toma de posición frente a las candidaturas en competencia. En un proceso democrático, el poder ejecutivo tiene el deber de garantizar condiciones de imparcialidad, no de incidir en la contienda”.

2Un tercer elemento agrava aún más el escenario: uno de los principales candidatos de oposición —ubicado en posiciones altamente competitivas en las encuestas— ha manifestado públicamente la existencia de amenazas contra su seguridad personal. En un contexto de alta polarización, este tipo de riesgos no pueden ser minimizados”.

“Este riesgo adquiere una dimensión aún mayor si se tiene en cuenta que Colombia ha sido históricamente escenario de violencia política, incluyendo el asesinato de candidatos presidenciales. Este antecedente no es meramente histórico: constituye un factor objetivo que obliga a extremar las garantías de seguridad y a actuar con la máxima diligencia institucional”.

“La concurrencia de estos factores —uso discursivo de inteligencia estatal, imputaciones no verificadas de carácter electoral, intervención del poder ejecutivo y amenazas contra un candidato presidencial competitivo— configura un escenario que permite advertir un riesgo de manipulación del proceso electoral”.

“No se trata únicamente de una disputa política, sino de una posible alteración de las condiciones estructurales de la competencia democrática. Cuando las garantías de neutralidad, seguridad y transparencia se ven comprometidas de forma concurrente, la integridad del proceso deja de estar asegurada”.

“Estos hechos no deben analizarse desde una perspectiva partidista, sino a la luz de principios fundamentales:

“En este contexto, y considerando la relación estratégica entre Colombia y los Estados Unidos en materia de Estado de Derecho y gobernanza democrática, respetuosamente se considera necesario que esta situación sea observada dentro de los mecanismos de seguimiento institucional correspondientes”.

“El objetivo no es interferir en los asuntos internos de Colombia, sino advertir sobre condiciones que podrían afectar la legitimidad del proceso electoral en curso”.

“Agradezco su atención, en la certeza de que la defensa de las garantías democráticas no admite indiferencia”.