CIUDADES Y DISTRITOS, JUSTICIA

Barranquilla, 1 de agosto de 2024.- Luego de 20 años de haber comprado, y de 15 años de una acción popular 400 familias que adquirieron una propiedad en una de las 27 torres en el llamado sector de Campo Alegre al suroccidente de Barranquilla, lograron que la Justicia les confirmara la razón que tenían al exigir su indemnización luego de ser estafados, por un constructor INESCRUPULOSO al venderles unos apartamentos, y algunas viviendas construidas en terreno arcilloso movedizo.

Parecía que los ciudadanos iban a ser burlados por el poder político detrás de la ESTAFA, sin embargo, la insistencia en la acción popular interpuesta por el abogado Roberto Tapia, impidió una injusticia con quienes compraron una vivienda para habitar con su familia, y no pudieron hacerlo, por el riesgo de unas torres que empezaron a rajarse sus paredes, y caerse los peñascos. Los bloques 10, 11, 12, y 13, del conjunto Colina Campestre quienes fueron los más afectados.

En 2019 la justicia respondió en primera instancia contra los afectados, esto impulsados por sectores políticos con intereses y responsables del desfalco a los compradores, sin embargo tanto las víctimas como el abogado Roberto Tapia, decidieron impugnar el fallo. Es así como el Tribunal del Atlántico revoca la injusticia que se pretendía, siendo este martes confirmadas las razones por las que se demandó, y en segunda instancia aprueba las reclamaciones.

En la sentencia se ordena la demolición por implosión de las 27 edificaciones. Pagar los derechos de arriendo de los afectados

El abogado Roberto Tapia, dijo que en la sentencia la Justicia les da un tiempo de dos meses a los responsables para reubicar a las 400 familias.

Recordemos que estas viviendas fueron un proyecto de interés social en el que el gobierno concedía un subsidio a los compradores, y el resto los habitantes los pagaban mensualmente al banco en donde habían adquirido un préstamo.

Contra la decisión de segundo a la acción popular, tiene el Distrito de Barranquilla, 2 años para cumplir la sentencia que queda confirmada 20 años después.

Se desconoce si la sentencia repercutirá en contra el construcctor ampliamente conocido, esto es, sí la sanción económica se repite sobre el constructor, o si tendrá que asumir la Alcaldía Distrital de Barranquilla los costos de la ESTAFA, y serán entonces los ciudadanos barranquilleros a quienes les toque asumir lo que le corresponde a un tercero privado.