EN CAMPAÑA, NACIONALES

La Registraduría Nacional advirtió que, en 312 municipios con presencia de grupos armados ilegales, el 40 % presenta posibles intereses político-electorales de estas estructuras.

La alerta se dio durante la instalación de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, que busca blindar el proceso democrático.

Valledupar, 29 de enero de 2026.- Durante la activación de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió sobre riesgos para la transparencia electoral en 312 municipios del país donde se ha identificado influencia de grupos armados ilegales.

De acuerdo con el funcionario, en el 40 % de esos municipios se evidenciaría un interés político-electoral por parte de estas organizaciones, fenómeno que estaría asociado a la atomización de los grupos armados ilegales en el territorio nacional, lo que incrementa los riesgos de instrumentalización del voto y coacción a los electores.

“En algunos territorios con altos niveles de violencia se registra baja participación electoral, lo cual es comprensible por razones de seguridad. Sin embargo, también encontramos zonas del occidente del país donde, pese a la alta violencia, hay una participación elevada, lo que podría indicar presiones indebidas sobre los votantes”, explicó Penagos.

El registrador señaló que este análisis permite anticipar riesgos y advertir situaciones anómalas, con el fin de proteger la integridad del proceso democrático y evitar interferencias ilegales en las elecciones.

En la Comisión participan la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la cúpula militar, la Policía Nacional y la Misión de Observación Electoral (MOE), entre otras entidades.

Penagos destacó que la estrategia institucional prioriza acciones preventivas y pedagógicas, apoyadas en mapas de riesgo construidos de manera conjunta con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública.

Estos análisis no solo consideran delitos electorales, sino también variables como violencia, criminalidad y niveles de participación ciudadana, lo que permite focalizar la ubicación de puestos y mesas de votación y priorizar la atención en los territorios más vulnerables.

“La protección del proceso electoral exige una lectura responsable del contexto. No se pueden subestimar las circunstancias de seguridad, pero tampoco sobreestimarlas, porque ello podría afectar la democracia”, puntualizó el registrador nacional.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que el país debe garantizar el derecho fundamental al voto libre.

“Los colombianos no estamos dispuestos a que se nos arrebate lo más sagrado que tenemos, que es el derecho a escoger libremente quiénes nos van a dirigir”, afirmó.

El jefe del Ministerio Público agregó que defender el voto libre es clave para que Colombia se presente ante la comunidad internacional como “una Nación unida, respetable, soberana y profundamente democrática”.