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Aspirante a la Alcaldía de Santa Marta, por Fuerza Ciudadana Virna Lizi Johnson, imputada por la Fiscalía, por peculado durante su Gerencia en el Sistema de Transporte Público

virna-liziBarranquilla, 12 de febrero de 2019.- Ante un juez de garantías, la Fiscalía formuló cargos por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, agravado por la cuantía, en contra de Virna Lizi Johnson Salcedo, exgerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta Setp.

Virna Lizi Johnson Salcedo es Administradora de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en administración pública y magíster en administración de la Universidad del Norte, fue postulada la semana pasada por el movimiento Fuerza Ciudadana a la alcaldía de Santa Marta  mientras que Carlos Caicedo Omar el líder de esa organización aspira a la gobernación del Magdalena.

La investigación desarrollada por la Dirección de Fiscalías Seccional Magdalena señala que el 5 de febrero de 2015 se destinaron 13.000 millones de pesos, a través del contrato Nro. LPN-001 suscrito entre el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta (Setp) y el consorcio Sept Santa Marta 2015, para adelantar la obra de la Avenida Santa Rita o calle 22 de la capital de Magdalena.

El ente acusador evidenció que Johnson Salcedo, en su calidad de gerente del Sept para ese entonces, habría ordenado pagar actas parciales de obras del contrato por un valor de $10.100’299.660, al citado consorcio, cuyo representante legal, Ómar Enrique Álvarez Escorcia, permanece con medida de aseguramiento de detención domiciliaria por estos hechos, y se encuentra pendiente de la audiencia de acusación.

Además, tales actas, según lo establecido, tenían las firmas de interventoría falsificadas. Mauricio Alberto Santos Reyes, quien fungió como interventor, fue capturado el 10 de noviembre de 2017 y, tras realizar un preacuerdo con la Fiscalía, está a la espera de su sentencia.

Cabe mencionar que durante el proceso investigativo la Fiscalía logró establecer que el contratista cobró $2.503’521.126 de obras que no ejecutó, apropiándose así de los recursos; sin embargo, posteriormente los dineros fueron devueltos al Setp.

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