JUSTICIA

Barranquilla, 12 de mayo de 2017. Este jueves el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, afirmó en un documento escrito que en su calidad de Ministro preside el Consejo Superior de Política Criminal, en el que escuchó con atención diferentes propuestas para mejorar la infraestructura carcelaria y penitenciaria del país, dichos proyectos fueron presentados por el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Agencia Nacional de Infraestructura.

Con el proyecto APP (Asociación Público Privada), presentado por el DNP y la USPEC, se busca generar nuevos cupos en tres penitenciarías: Uramita  (Antioquia), Popayán y Barrancabermeja: 2.044, 1.685 y 2.500 cupos, respectivamente, para un total de 6.229. Este proyecto tendría un costo estimado, para el 2017, de $314.878.373.431, por lo que el Consejo evaluará si es viable y conveniente.

Por su parte, la agencia inmobiliaria dio a conocer su propuesta de intercambio de predios como generador de soluciones de infraestructura carcelaria sin inversión adicional. Con esta estrategia, el sector privado se involucra en la construcción de cupos carcelarios, ampliando las cárceles existentes o, si se hace necesario, generando nuevos centros. Luego de la presentación el Ministro de Justicia estimó necesario evaluar si con esta estrategia se incurre en menores costos, se alivia la presión fiscal y si se optimiza el valor del portafolio inmobiliario del Estado.

El Alto Funcionario dio a conocer a los asistentes las diferentes experiencias que la cartera que él lidera ha tenido con diferentes entidades territoriales para la generación de cupos carcelarios como son el caso de Yarumal y Atlántico. “Luego de visitar el Seminario Cristo Sacerdote en el municipio de Yarumal, pudimos llegar a la conclusión de que esta es una buena oportunidad para construir un centro carcelario en el que aproximadamente 1.000 detenidos puedan trabajar, estudiar y realizar actividades que contribuyan decididamente a su proceso de resocialización. Esto, sin duda, ayudaría a aliviar la crisis carcelaria por la que atraviesa el país”, dijo.

El Viceministro de Política y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, habló sobre el convenio que se espera firmar a finales del mes de junio con la Gobernación de Barranquilla. “Queremos construir dos cárceles, una en el Atlántico, que cuente con cupos para 1.500 personas y otra en Barranquilla para 1.000 internos. Estas cárceles estarían destinadas para población sindicada, pues los condenados ya estarán cubiertos por parte de la nación”. Agregó que “en Barranquilla buscamos construir un espacio transitorio para las personas que están próximas a quedar en libertad”.

Lo que se espera con este convenio, según lo indicó el Ministro Gil, es replicar esta iniciativa a los diferentes departamentos y municipios pues esto ayudaría a construir un sistema penitenciario organizado, coherente, eficaz y eficiente. “Hemos venido haciendo un incremento de cupos muy importante, esperamos a final de año entregar aproximadamente 5.000 nuevos, esto nos ayudará a  solucionar el problema de hacinamiento y además le daremos cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional frente a el estado de cosas inconstitucionales”, señaló el jefe de la Cartera.

En el Consejo se hizo presente el Senador de la República, Luis Fernando Velasco quién apoyó al Ministro de Justicia en su teoría de que construyendo con cemento y ladrillo no se va a solucionar la crisis carcelaria. Además reconoció el trabajo que el Ministerio ha venido haciendo en temas de mejora en infraestructura carcelaria y penitenciaria, algo a lo que también se unió la Procuraduría General de la Nación, miembro titular del Consejo Superior de Política Criminal.

El Ministro concluyó su intervención haciendo referencia a lo declarado en las últimas horas por los sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). “Quiero dejar constancia que el el Gobierno le ha cumplido al sindicato. Se generó la adición presupuestal de 70 mil millones que permitirán proveer 1.036 vacantes en el INPEC, estamos tratando de buscar un compromiso judicial y por eso haremos una consulta al Consejo de Estado. A los sindicatos les pido buena voluntad porque les hemos dado respuestas y soluciones para dar cabal cumplimiento a todo lo pactado.

En esta sesión estuvieron presentes el Fiscal General de la Nación, el Director del INPEC, la Directora de la USPEC, el Viceprocurador General de la Nación, representantes a la cámara, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, delegados del DNP, la Defensoría del Pueblo, de la Interpol y del Consejo Superior de la Judicatura.

Se espera que en el desarrollo de la próxima sesión del Consejo se conozca el modelo a implementar por parte del Gobierno Nacional para la construcción de un infraestructura carcelaria y penitenciaria que cumpla a cabalidad con todos los estándares de calidad y de dignidad para la población privada de la libertad.