Sin categoría

A pesar de su historial delictivo y su clasificación como un peligro para la seguridad, la juez decidió otorgarle casa por cárcel, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial colombiano.

Valledupar, 11 de octubre de 2024.- La reciente fuga de Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, ha desatado una ola de críticas y preocupación por el papel de las autoridades judiciales del país. A pesar de las advertencias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sobre el inminente riesgo de fuga, la juez Mónica Patricia Londoño Yarza decidió otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria. Esta decisión ha puesto en tela de juicio la eficacia del sistema judicial y la gestión de la seguridad penitenciaria en Colombia.

Se supo que el 13 de julio, el capitán Jaime Pacheco Bohórquez, director encargado del Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual, envió un oficio a la juez Londoño advirtiendo sobre la peligrosidad de ‘Pichi’. En el documento, se mencionaba que el narcotraficante ya había escapado en el pasado, específicamente en 2015, cuando se evadió de una cárcel en Girón, Santander. El capitán Pacheco enfatizó que ‘Pichi’ había sido clasificado con nivel uno de seguridad, lo que indica un riesgo significativo para su propia seguridad, así como para otros internos y el personal del establecimiento.

El historial delictivo de ‘Pichi’ es alarmante. Se le señala como el cabecilla de una de las organizaciones más grandes dedicadas al microtráfico en Bucaramanga, con más de diez expendios de drogas en barrios como San Rafael, El Pinar y Chapinero. Su influencia en el tráfico de sustancias ilegales ha generado preocupación en las autoridades, que lo consideran uno de los hombres más buscados en la región.

Juez hizo caso omiso

La juez Londoño, a pesar de las recomendaciones del Inpec, decidió proseguir con el proceso de otorgar el beneficio de casa por cárcel, argumentando su autonomía judicial. Esta decisión ha llevado a cuestionamientos sobre la responsabilidad y el juicio de los funcionarios encargados de garantizar la seguridad pública.

La fuga de ‘Pichi’ pone de relieve las deficiencias en el sistema penitenciario colombiano y la necesidad urgente de revisar los protocolos de otorgamiento de beneficios a delincuentes de alto perfil. Desde el Inpec se han hecho llamados para una mayor coordinación entre las instituciones de justicia y seguridad, con el fin de prevenir que situaciones como esta se repitan en el futuro.

La fuga de un narcotraficante de esta magnitud no solo representa un golpe a la credibilidad del sistema judicial, sino también un riesgo para la seguridad pública. La comunidad espera que las autoridades tomen medidas efectivas para cerrar las brechas que permitieron esta situación, y que se investigue a fondo la actuación de la juez Londoño y otros funcionarios involucrados en el caso.