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¡Alerta! La situación de orden público en el sur de Colombia podría escalar a niveles similares a los del Catatumbo

Si el gobierno de Gustavo Petro no implementa acciones, la ola de violencia por cuenta de las FARC podría encrudecer el panorama que se vive en el sur del país.

Barranquilla, 27 de enero de 2025.- La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre los graves riesgos que enfrenta la población civil en varias regiones del sur de Colombia, en particular en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas y Cauca.

Según la alerta, la intensificación de las disputas armadas entre facciones derivadas de la fragmentación del antiguo Estado Mayor Central ha desatado un panorama de violencia en al menos 45 municipios y tres áreas no municipalizadas.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió en un video que la fragmentación de los grupos armados, liderados por alias Iván Mordisco y alias Calarcá Córdoba, ha generado confrontaciones armadas que afectan gravemente a las comunidades, especialmente a las más vulnerables como las indígenas y las campesinas.

La situación es comparable a la vivida en el Catatumbo, donde la violencia también ha escalado, y podría agravar aún más las condiciones de inseguridad en esta región sur del país.

Comunidades en riesgo

La alerta resalta las graves afectaciones que ya están ocurriendo, como el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, especialmente de comunidades indígenas; el desplazamiento forzado de familias enteras, y las amenazas y homicidios contra líderes sociales.

Además, se ha identificado un incremento en el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, lo que agrava la situación humanitaria en las zonas afectadas.

En municipios como Solano y Cartagena del Chairá (Caquetá), Puerto Santander (Amazonas), Mesetas (Meta) y Puerto Leguízamo (Putumayo), ya se han registrado enfrentamientos directos entre los grupos disidentes.

Otras localidades como San José y El Retorno (Guaviare) y el Bajo Putumayo podrían estar en riesgo de escalada de la violencia en las próximas semanas, lo que pone en peligro la vida de miles de personas.

Todo tipo de violencia

El impacto del conflicto armado es desproporcionado para grupos específicos de la población. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos enfrentan amenazas constantes, mientras que las mujeres y los niños son víctimas de violencia de género y reclutamiento forzado.

Las comunidades indígenas están particularmente en riesgo, ya que los actores armados invaden sus territorios y amenazan su supervivencia física y cultural.

Gobierno no hace caso a las alertas

A pesar de las alertas emitidas por la Defensoría, la respuesta del gobierno de Gustavo Petro ha sido insuficiente para prevenir la creciente violencia en estas zonas. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades podría convertir al sur de Colombia en una zona crítica, con consecuencias devastadoras para las comunidades más vulnerables y la seguridad del país en general.

Ante este panorama, la Defensoría instó a una acción inmediata para proteger a las poblaciones afectadas, garantizar la seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y brindar soluciones para el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores. Sin embargo, la situación continúa deteriorándose, lo que exige una mayor atención y compromiso por parte del gobierno para evitar que esta crisis humanitaria se convierta en un conflicto prolongado y aún más destructivo.

Alerta en el Huila

En su alerta, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la grave situación de violencia que afecta a gran parte del departamento del Huila, donde 20 de sus 37 municipios están en riesgo debido a las tensiones y confrontaciones armadas entre los grupos liderados por alias Calarcá Córdoba e Iván Mordisco. Los municipios en alerta son Aipe, Neiva, Villavieja, Algeciras, Gigante, Garzón, El Agrado, El Pital, Guadalupe, Saladoblanco, Suaza, Acevedo, Pitalito, Palestina, Oporapa, La Argentina, La Plata, Paicol, San Agustín e Isnos.

Según el informe de la Defensoría, la reconfiguración de las estructuras armadas y los enfrentamientos entre las facciones de las FARC están generando altos riesgos para las comunidades, especialmente en áreas donde se producen confrontaciones armadas directas entre los grupos.

Además, en varios casos, las tensiones entre estas células han desembocado en violencia hacia las poblaciones acusadas de apoyar a uno u otro bando, lo que ha intensificado la estigmatización y el control territorial por parte de estos actores armados ilegales.

La situación en Huila refleja un panorama preocupante, ya que la violencia y el control territorial de los grupos armados están afectando la vida cotidiana de miles de habitantes. La Defensoría señaló que, en algunas zonas, las tensiones podrían escalar en enfrentamientos directos, lo que aumentaría aún más el riesgo para la población civil.

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