CONGRESO

Barranquilla, 4 de marzo de 2020.- Iniciativas como el derecho al voto de los militares y policías del país, iniciativa del senador Edgar Palacio Mizrahi, además de las 10 curules que propone el senador Antonio Zabaraín, al igual que otras iniciativas respecto de los derechos de esta población fuertemente discriminada por la misma institucionalidad, al igual que proyectos que quedaron pendientes para continuar su estudio como la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, la reforma política, modificaciones a los estatutos del Congresista y Orgánico de Bogotá y la creación del Ministerio de la Familia, son entre otros los proyectos que estudiará el Congreso de la República, a partir del 16 de marzo próximo.

Un boletín de prensa del pasado 7 de febrero recuerda entre muchos temas los que de las iniciativas que generará la atención del país es la que busca establecer la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños y niñas. Precisamente y según cifras oficiales alrededor de 38 niños fueron asesinados en enero pasado, en tanto que el número de homicidios en el 2019 fue de 708 en menores de edad.

Esta reforma a la Constitución ya ha sido tratada en ocasiones anteriores, pero es la primera vez que pasa a segunda vuelta. Ello debido, en buena parte, al respaldo que le brindó el Consejo de Política Criminal, lo que permitió que la iniciativa se destrabara a finales del período legislativo que concluyó en diciembre pasado.

Lo que busca ese proyecto de acto legislativo es eliminar la prohibición de la pena de prisión perpetua, como lo consagra el artículo 34 de la Constitución Nacional.

Por su parte la propuesta del senador Edgar Palacio Mizrahi ya fue radicada en la secretaria del Senado, y está basada en el ejercicio y aplicación de los Derechos Humanos para los ciudadanos, busca permitir a los miembros de la Fuerza Pública ejercer el derecho al sufragio, el cual se garantizaría y facilitaría a través de mecanismos idóneos y oportunos, como el legítimo uso del citado derecho.

El legislador señala que en la actualidad, el artículo 219, inciso 2º, no les permite intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos, mientras permanezcan en el servicio activo.

La iniciativa de autoría del senador Palacio Mizrahi tiene la coautoría de la bancada del partido Colombia Justa y Libre, conformada por los congresistas John Milton Rodríguez, Eduardo Pacheco y el representante a la Cámara Carlos Acosta, se sustenta también en la protección a los Derechos Humanos , dado que en el sistema interamericano se ha promovido en el continente el respeto y garantía del derecho al voto a los miembros de la Fuerza Pública, demostrando así que la gran parte de los territorios americanos cumple con los estándares internacionales en materia de la protección de los derechos políticos, advirtiendo que en Colombia aún este paso no se ha dado a pesar de contar con las condiciones óptimas tanto en lo jurídico como en el social, lo político y cultural.

En el Senado sobresalen otras iniciativas de mayor y más amplio espectro como lo es la Reforma política, la cual busca que se reglamente de la mejor manera la distribución de los recursos a los partidos políticos. Otro punto clave de la iniciativa es el que se relaciona con la lista única y cerrada para corporaciones públicas, con el fin, según sus congresistas autores, de mitigar la corrupción.

Con la lista cerrada se eliminaría el voto preferente, que ha generado controversia al interior de las diferentes colectividades políticas.

También se propone que esta reforma sea estructural, para lo cual se espera que los partidos políticos se integren alrededor de la misma.

Otras reformas y modificaciones importantes que hacen tránsito en Senado son la Reforma al Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo; la modificación de la Ley Quinta de 1992 o Estatuto del Congresista en lo relacionado con el trámite legislativo; la reforma a la Ley 1098 de 2006 en relación con la medida de protección de la adopción y las modificaciones al Código de Procedimiento Penal.

Igualmente se encuentra el “proyecto de ley por medio del cual se modifica la Ley 142 de 1994, y se elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales”.

La iniciativa busca aliviar la situación de miles de compatriotas, de los estratos 1,2 y 3, que a diario ven frustrada la posibilidad de disfrutar los servicios públicos esenciales, debido a que no cuentan con el recurso para pagar una reconexión o reinstalación, que las empresas prestadoras de los mismos cobran después de la suspensión o corte del servicio, por no haber cancelado la factura.

Más iniciativas, según un listado publicado por la Oficina de Prensa del Senado:

La que busca la exención legal del pago de las tarifas de las pruebas ICFES de la educación media Saber 11
La que modifica la Ley 1922 de 2018 estableciendo la revocatoria de la medida de aseguramiento.
Normas sobre plazos máximos de pago para estimular el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa.
La que crea el sistema móvil de garantías para el sector agropecuario.
La prohibición del uso y comercialización de plásticos de uso único para el consumo de alimentos o bebidas.
La creación de la Superintendencia de Educación para el ejercicio de funciones de inspección.
La que crea el Fondo Especial de Financiamiento Agrícola.
La que tipifica el delito sexual cibernético
La que crea mecanismos para la repatriación de cuerpos de connacionales en el exterior.

La que modifica el Código Sustantivo del Trabajo y establece la licencia matrimonial. Entre las iniciativas a considerar se encuentra la que adopta medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción, busca por medio de tres bloques de reformas impactar el fenómeno de la corrupción y generar mayor transparencia en la contratación pública.

La primera propone medidas administrativas asociadas a las inhabilidades para contratar, como la contratación directa y la bancarización de ciertas operaciones que involucran recursos públicos.

La segunda habla de medidas de derecho penal sustantivo, tanto general como especial, que, de un lado, hacen más estricto el régimen de cumplimiento de las sanciones penales impuestas a personas responsables de conductas punibles de corrupción y, de otro, modifican y actualizan el catálogo de tipos penales disponibles en el Código Penal para enfrentar las diversas manifestaciones de este fenómeno criminal.

La tercera propone reformas procesales para fortalecer la investigación y la judicialización de la corrupción.