CONGRESO

A través de un breve comunicado en X, el Ministerio de Defensa informó que quienes retuvieron ilegalmente a los soldados en zona rural de San José del Guaviare actuaron siguiendo las órdenes dadas por el bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las Farc.

Valledupar, 13 de agosto de 2024.- Un grupo de 100 soldados del Ejército Nacional, pertenecientes al Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, fueron emboscados por las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de San José del Guaviare.

Los uniformados, quienes ingresaron a la zona para frenear la arremetida violenta de esa organización terrorista, terminaron en manos de una supuesta guardia campesina, cuyos miembros, pertenecen a las veredas Chuapal y Bocas de Caño Cafra, todas en jurisdicción de San José del Guaviare.

Tras más de 72 horas en poder de los ‘campesinos’, los 66 soldados retenidos contra su voluntad fueron liberados, gracias a los buenos oficios de una comisión conformada por delegados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Defensoría, Procuraduría y gobernación del Guaviare.

Esta situación se da en el marco de las mesas de exploración y negociación que ese grupo armado sostiene con el gobierno de Gustavo Petro. En un breve comunicado en X, el Ministerio de Defensa puso en duda el verdadero origen campesino de las personas que retuvieron ilegalmente a los soldados.

“Fueron liberados los 66 uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que permanecieron secuestrados por más de 72 horas en área rural de San José del Guaviare, por comunidades instrumentalizadas por el bloque ‘Jorge Suárez Briceño’. Las tropas continuarán desplegadas en la zona, combatiendo a los grupos armados ilegales para brindar seguridad y bienestar a las comunidades”, informó la cartera de Defensa a través de su cuenta en la red social X.

Sobre este mismo asunto, la mañana de este martes 13 de agosto, se conoció una carta enviada a la Fiscalía por la precandidata presidencial y líder de la oposición, María Fernanda Cabal, manifestando su rechazo por el secuestro de la tropa que llegó al departamento del Guaviare para hacerle frente al accionar delictivo de alias ‘Cancharino’, personaje que viene dinamizando el secuestro y la extorsión en la región.

La misiva, advierte que las conductas desplegadas por los ‘campesinos’ durante casi tres días constituyen violaciones claras al ordenamiento jurídico vigente y pone de presente la ausencia total de control estatal en esa zona.

“Me dirijo a usted con el fin de solicitarle, de manera urgente, la apertura de una investigación exhaustiva que permita identificar y judicializar a los responsables del secuestro de 98 soldados en la vereda Choapal de San José del Guaviare. Este lamentable suceso, llevado a cabo bajo el pretexto de un «cerco humanitario por parte de la llamada Guardia Campesina, constituye una grave violación de los derechos fundamentales de nuestros militares y un desafío inadmisible a la autoridad del Estado”, arranca diciendo la carta dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo.

A renglón seguido, señala que este tipo de acciones se están convirtiendo en un recurso frecuente de estas organizaciones ‘civiles’ para impedir el control territorial del Ejército Nacional, dejando en evidencia, como en este caso, la peligrosa interacción con grupos al margen de la ley en detrimento del tejido social y el orden público.

“Resulta profundamente preocupante que nuestros uniformados hayan sido rodeados y retenidos por más de 90 horas, en un acto que, según se ha denunciado, podría estar vinculado a las «disidencias» de las FARC. La gravedad de esta situación no solo radica en la privación ilegítima de la libertad de los militares, sino también en la posible connivencia de estos grupos campesinos con organizaciones criminales”, se lee en otro de los apartes de la nota.

Finalmente, insiste en la necesidad de enviar un mensaje contundente de legalidad a todos los que utilizando las vías de hecho y ejecutando actos contra el Derecho Internacional Humanitario quieren presionar al gobierno y sus instituciones.

“Es imperativo que se investigue a fondo este hecho, esclareciendo las motivaciones y los actores detrás de este acto de agresión contra la Fuerza Pública. […] Colombia no puede permitir que el secuestro, bajo cualquier forma o pretexto, se normalice o quede impune por eso, solicito a la Fiscalía bajo su dirección, que actúe con la mayor diligencia posible para asegurar que los responsables de este crimen rindan cuentas ante la justicia”, concluye la precandidata presidencial en su escrito.