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Barranquilla, 2 de febrero de 2024.- La noche de este viernes en uno de sus desaforados llamados de auxilios desesperados a sus violentos, Gustavo Petro Urrego convocó a la “máxima movilización popular” tras lo que según él es una “ruptura institucional” luego de que la Procuraduría General de la Nación le haya suspendido al canciller Alvaro Leyva y lo que también llamó la “toma mafiosa” de la Fiscalía. Esto porque la Corte Suprema de Justicia no le ha querido dejarse manejar a su antojo, y se ha tomado el tiempo que necesita para poder elegir al nuevo Fiscal, ante el juicio inminente contra su hijo y el carcelazo seguro, además del Juicio Pólitico con él mismo, y las investigaciones bastante avanzadas del Consejo Nacional Electoral por violación de los topes electorales, lo que al parecer lo ha llenado de zozobra e inestabiliadad.
Pero como también Gustavo Petro está acostumbrado a la rebeldía contra las instituciones, se le olvida que ahora él es gobierno pero actúa como oposición. Además todo lo quiere resolver en la calle. Para eso existe la constitución y las leyes, sin embargo no las respeta y pretende una confrontación civil porque sabe que el juicio político va andando su curso. Es así como desde una intervenció y desde sus centas de reds sociales, “Le solicitó a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a lo que eél mismo calificó como una supuesta denuncia:
He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EEUU y el Consejo de seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan.
No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la República.
Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, politicos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo.
Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero.
No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias “el ñeñe” que la del sindicato de maestros; a la contribución de alias “el ñeñe” la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas.
Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes.
La respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana.
La fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó.
Como hicieron físicamente con la UP, ahora piensan usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general Han decidido la ruptura institucional.
Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia.
Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular.