COLUMNISTAS

El Artículo 13 de nuestra Constitución dice: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de la autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades…El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva…”.

La ley dice que para un candidato a cargo de elección popular es inhabilidad y causal de pérdida de investidura contratar con el Estado un lapso antes de la elección; pero si quien violó la ley fue  Mockus, no importa, puede mantener la curul según el Consejo de Estado. La ley dice que para adquirir la calidad de Congresista (con todo lo que ello implica legalmente) se debe haber posesionado; pero si se trata del criminal Alias Jesús Santrich eso no aplica, él adquirió esa dignidad sin posesionarse gracias al Consejo de Estado. La ley dice que todo acto, donde aparentemente se cometan delitos, debe ser investigado por quien tenga la competencia; pero si es el de la Colombia Bolivariana el caso queda engavetado en el escritorio de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hay que protegerlo.

La ley dice que cuando un sujeto es investigado penalmente y representa peligro para la sociedad se debe ordenar su captura mientras se lleva a cabo su proceso. Fue el rasero aplicado por la Corte Suprema de Justicia en contra de Luis Alfredo Ramos alguien que jamás mató o hizo daño a nadie. Pero en el caso del mafioso alias Jesús Santrich, condenado por todo tipo de crímenes como jefe FARC y  solicitado en extradición por una corte de Estados Unidos por narcotráfico, a la Corte le pareció que no representaba peligro alguno, ordenó su libertad y fijó audiencia para varios días después. Vimos que huyó del país.

Menciono lo anterior para hablar del caso de Andrés Felipe Arias, revisé tres documentos con muy buena argumentación jurídica que analizan la sentencia proferida por la Corte. Después de ello para mi es claro que se cometió una gran injusticia al condenarlo a 17 años y medio de prisión, sin haberse robado un peso, simplemente por haber violado supuestamente el régimen de contratación pese a que era lo mismo que varios ministros anteriores y él hicieron dado de qué se trata de un convenio de cooperación con el IICA, organización de la OEA. También fue condenado por peculado en favor de terceros, pese a que esos terceros (que actuaron ilegalmente) devolvieron el dinero al Estado.  La sentencia no tuvo en cuenta conceptos de la Procuraduría en el caso y testimonios de los implicados; hubo salvamento de voto del magistrado Eugenio Fernández y la aprobaron los magistrados Bustos y Malo (vinculado al cartel de la toga). Además, es desproporcionada aun si se hubiesen comprobado de manera contundente que cometió esos delitos (cosa que no se hizo). Roberto Prieto, gerente de campaña de Santos fue condenado a 5 años por algo mucho más grave.

Además de lo anterior, la sentencia viola tratados internacionales firmados por Colombia décadas atrás al negar a Arias la doble instancia. La Corte Constitucional ordenó al Congreso garantizarla para TODOS los colombianos, la ley fue promulgada. El Consejo de Derechos Humanos  de la ONU, frente al caso en particular de Arias, pidió al Estado Colombiano garantizarle dicho derecho. Pese e estos elementos se han instaurado tutelas ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo el derecho universal a la doble instancia y no se lo conceden. Pareciera que para la Corte, por tratarse de Arias, no tiene derecho a esa garantía y a muchos eso les parece bien. Son los mismos que avalan que al expresidente Uribe la CSJ también le viole los derechos fundamentales al debido proceso, permita la realización de chuzadas ilegales y que se usen como pruebas grabaciones ilegalmente obtenidas por quienes no tienen esa competencia.

La Constitución y la ley son claras, ante éstas todos somos iguales; pero ante quienes son los encargados de aplicarlas  NO, proceden legalmente según la persona. Por supuesto no debería ser así, más grave, a muchos eso les parece bien cuando se trata de encarcelar a Uribistas.

EL COLMO 1: Después de haberle brindado exceso de garantías y todas las opciones para que se fugara y cuando se tiene certeza que salió del país, la Corte Suprema de Justicia dicta orden de Captura contra el mafioso alias Jesús Santrich. NO HAY DERECHO.

EL COLMO 2: La JEP ha costado casi medio billón de pesos, son mas de 900 funcionarios entre ellos 50 magistrados (cada uno con 3 magistrados auxiliares con igual salario y beneficios que los titulares); sus logros: Inaugurar un baño multigénero, ser agencia de viajes de FARC, evitar extradición de Santrich y ayudar a que éste, Márquez, El Paisa y Romaña se escapen, le tomen el pelo al país y a las víctimas. NO HAY DERECHO.