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Barranquilla, 4 de marzo de 2019.- Un contrato a nombre de Miguel Samper, hijo del ex presidente Ernesto Samper y ex director de la de Tierras, inicialmente denunciado por presuntamente haberse firmado por un estrecho lapso de tiempo de acuerdo al valor de 50 millones de pesos que fue suscrito con el Tribunal de Justicia Especial Para la Paz, y fuertemente defendido por la secretaría ejecutiva de este Tribunal, María del Pilar Bahamón, desató otro escándalo mayor a los iniciales 50 millones de pesos, en la contratación de ese órgano donde se presume que se debe obrar con Justicia y Transparencia, no obstante los escándalos de corrupción van y vienen.
Según María del Pilar Bahamón, el contrato tuvo un termino de muchos más tiempo, esto es, no de siete días como se había dicho, sino que se llevó a cabo desde el 27 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2018, y además obedeció a la experiencia y trayectoria de Miguel Samper.
Sin embargo lo anterior dejó al descubierto la estrecha relación entre la presidenta del Tribunal de Justicia, Patricia Linares, y como se mueve con los Samper, en este caso, Miguel Samper quien como funcionario del Gobierno de Juan Manuel Santos, ostentó varios cargos entre ellos, en el Ministerio de Justicia como Viceministro de Política Criminal desde septiembre de 2011 hasta el 2015, donde la Bahamón fue contratista del Ministerio donde dependía de ese Viceministerio de Samper como subdirectora de la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios entre el 2014 y el año 2015, donde además tenía como jefe inmediato a Harold Enrique Linares, hermano de Patricia Linares.
Así mismo por otra parte trascndió, que luego de la salida de Samper de ese Viceministerio, pasó a la Unidad de Tierras, y allá se fue también Harold Enrique Linares, donde estuvo desde 2016 hasta 2018. Al igual que otro escándalo adicional de nepotismo, debido a que la otra hermana de Harold Enrique Linares, Claudia Argenis Linares, hermana también de Patricia Linares, esta magistrada Presidenta de la JEP, la tiene laborando en la Oficina de Verdad Justicia y Reparación que también depende de la JEP.