JUDICIALES, MUNDONOTICIAS

Valledupar, 27 de septiembre de 2026.  La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de las autoridades de Ecuador, el Ejército Nacional y la Agencia Federal de Investigación (FBI), logró la retención con fines de extradición mediante notificación roja de INTERPOL de las ciudadanas ecuatorianas Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia de su país por el delito de lavado de activos.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Sabana de Torres Santander, como resultado de las labores de cooperación internacional y los esfuerzos conjuntos para combatir las estructuras criminales transnacionales.

De acuerdo con la investigación, se estableció que las dos ciudadanas serían la esposa e hija, respectivamente de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, máximo cabecilla de la organización delincuencial transnacional “Los Choneros”, quien fue capturado con fines de extradición hacia los Estados Unidos el pasado 25 de junio de 2025 en la ciudad de Manta, Ecuador.

Las retenidas permanecían prófugas de la justicia ecuatoriana desde el año 2025 y fueron vinculadas formalmente al denominado “Caso Blanqueo Fito”, investigación liderada por la Fiscalía General de Ecuador, a través de su Unidad Especializada Antilavado de Activos.

Este proceso judicial contempla el comiso de múltiples bienes, propiedades y empresas
presuntamente utilizadas para ocultar y legitimar recursos de origen ilícito, dentro de las cuales Inda Mariela Peñarrieta Tuárez figuraría como accionista mayoritaria.

Según las autoridades ecuatorianas, ambas mujeres estarían implicadas en el
direccionamiento de operaciones orientadas al lavado de activos de la organización criminal, mediante la utilización de empresas de papel y estructuras corporativas ficticias destinadas a dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas.

Con este resultado operacional, las instituciones policiales y judiciales de la región ratifican su compromiso de fortalecer la cooperación internacional y cerrar espacios a la criminalidad organizada transnacional, evitando que las fronteras sean utilizadas como refugio para la impunidad y garantizando que los responsables de actividades delictivas respondan ante la justicia.