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A tres meses del fin de su mandato, Gustavo Petro no muestra haber abandonado sus espejismos totalitarios.

En lugar de propiciar la serenidad con actitudes y medidas concretas, para que la elección presidencial del 31 de mayo transcurra sin fraudes ni violencias, el presidente Petro se ha embarcado en una dinámica irresponsable contra el país: está azuzando a las bandas armadas y a los campesinos, indígenas y afro-descendientes a que se “movilicen” ocupando tierras y carreteras para impedir que en la elección presidencial triunfe la oposición democrática.

Nadie ignora que los narco-terroristas del ELN y FARC están tomando disposiciones en por lo menos 104 municipios del país para obligar a los ciudadanos, mediante el terror, a votar por el candidato marxista Iván Cepeda. En un video revelado por RCN, alias Rogelio Benavides, un integrante de la escuadra que dirige Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en regiones del Guaviare, dijo: “Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar [a la población] otros 4 años”.

El diario El Colombiano destacó: “El cabecilla [Rogelio] presiona a su grupo para cobrar la carnetización, una modalidad de extorsión que consiste en cobrarle a los campesinos entre 100.000 y 250.000 pesos por un carnet que ‘certifica’ que son dueños de sus terrenos”. Más específicamente, les dice: “El que no tenga el carnet, o paga o se va del territorio. ¿Usted qué prefiere, perder su tierra o pagar?. Uno que tiene el fusil lo doblega porque lo doblega”, dijo en las grabaciones.

Por su lado, Gustavo Petro, con el pretexto de que la Corte Suprema de Justicia objetó varios aspectos de su proyecto de “reforma agraria”, lanzó una campaña contra la máxima instancia de la justicia colombiana. Petro no quiere que la CSJ retire los aspectos más arbitrarios de su operación de adjudicación acelerada de baldíos y de tierras agrícolas y que revise su método para resolver litigios, operación tardía con la que el mandatario espera seducir a sectores campesinos para que voten por el anti capitalista Cepeda.

El tono que Petro emplea contra la CSJ es colérico: “Esta sentencia es un raponazo de la tierra propiedad de la nación que hoy en las últimas décadas ha sido despojada por narcotraficantes armados que han desatado la violencia en Colombia con más de 200.000 asesinatos y que hoy los magistrados de la Corte Suprema dicen respetar por años y quizás por décadas, por generaciones diría hoy, porque impide que el gobierno recupere esas tierras y del narcotráfico pasen al poder del campesinado y de las comunidades indígenas y afrodescendientes”.

Lo del “raponazo” no tiene sentido. La CSJ, en realidad, reafirma su deber de “garantizar la seguridad jurídica” de tales adjudicaciones y fijar la “delimitación institucional en los litigios” de tierras (1). Además, cuando Petro da esa cifra de “asesinatos” y habla de “narcotraficantes” el colombiano sabe hacia dónde apuntan tales insultos.

No es la primera vez que Petro adultera el sentido de la historia de la agresión que sufre Colombia y describe a la subversión armada como la víctima del Estado y define como “narcotraficantes” a los gremios económicos que él tanto detesta, sobre todo a los agricultores, caficultores y ganaderos. En cambio, a los verdaderos narcos él los saca de las cárceles y a los que siguen masacrando gente en las montañas les promete la impunidad prevista en su agenda de “paz total”.

Con esos falsos debates y gesticulaciones el mandatario saliente está soliviantando los equilibrios de la nación y atropellando la actividad electoral, en un momento de gran tensión para los partidos y los candidatos.

El pasado 8 de mayo, en efecto, el candidato presidencial de derecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, en segundo lugar en las encuestas de intención de voto, fue notificado por una fuente de inteligencia que existe un plan para asesinarlo mediante un francotirador orientado por alguien de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Este organismo que depende de la presidencia de la República y es dirigido hoy por ex miembros de la guerrilla M-19, se burló del candidato y le exigió que presentara las “evidencias” de tal amenaza.

Seis días más tarde, mientras Abelardo de la Espriella realizaba un mitin en Envigado, Antioquia, su equipo de seguridad atrapó a un individuo que trataba de acercarse al candidato alegando ser uno de sus escoltas. El intruso dijo llamarse Carlos Mauricio Zapata Moreno. Disponía de una pistola automática, binóculos, artefactos electrónicos y notas de localización de los puntos de acceso a la tribuna. De la Espriella, el candidato más determinado a poner fin al desastroso sistema político instaurado por Gustavo Petro, había estado cerca de la muerte. Es lo que muchos concluyeron.

Sin embargo, la actitud irresponsable de las autoridades enrareció aún más el ambiente. La revista Pulzo escribió: “Defensores de la Patria solicitó a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y  a los organismos de inteligencia adelantar una investigación urgente para establecer la identidad definitiva del sujeto, el propósito real de sus actividades y si actuaba de manera individual o en coordinación con terceros”.

Empero, esos organismos siguieron mudos, lo que agravó el malestar en los círculos de oposición que se sienten desprotegidos ante la furia criminal de los escuadrones de la muerte y la parsimonia del Estado. En ese contexto, el terrorismo pudo golpear de nuevo.

Ayer, 16 de mayo, Rogers Mauricio Devia Escobar, ex alcalde del municipio de Cubarral y actual coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el departamento del Meta, y otro militante de ese partido, Eder Fabián Cardona López, fueron asesinados en una zona rural de esa región. Un retén de insurgentes los detuvo en la carretera y al ver la documentación que llevaban les dispararon.

Ellos habían recogido publicidad en Villavicencio para activar su campaña en la región del Alto Ariari, conformada por los municipios de El Castillo, El Dorado, Cubarral, San Martín y Lejanías. “Cuando regresaban a sus hogares fueron asesinados luego de que les encontraran el material publicitario”, reveló Abelardo de la Espriella. Y prosiguió: “Su sangre quedó marcada sobre los afiches y el material de nuestra campaña. Esa sangre es la que nos obliga hoy a seguir adelante con más fuerza, ardentía y determinación que nunca. En Cubarral, y en todo ese corredor del Meta, operan las disidencias de las FARC0al mando del miserable y despreciable Calarcá”.

De la Espriella anunció enseguida que encabezará personalmente una caravana en honor a Roger y Fabián, y en honor a todos los caídos por defender este país”. La revista Semana: constató: “El asesinato del ex alcalde ha generado rechazo en el departamento del Meta y en el movimiento político Defensores de la Patria”, el cual solicitó a las autoridades “avanzar con rapidez en la identificación y captura de los responsable de ese crimen”.

Lamentablemente, la peor nota de sectarismo ciego la puso, ese mismo día, Paloma Valencia, la candidata de una coalición confusa, donde uribistas se amalgaman con izquierdistas, por lo que, según las encuestas, bajó al tercer lugar en los pronósticos. En lugar de repudiar el asesinato de los dos activistas en Cubarral, Valencia se burló del candidato De la Espriella por hacer uso de chalecos antibalas en sus mitines y hablar tras vidrios de seguridad para defenderse de los sicarios (2).

El 24 de abril pasado, luego de la serie de atentados terroristas en Cali, Palmira y en el Huila, que dejaron 13 muertos y 38 heridos en 48 horas, mientras Petro y su ministro de Defensa estaban en Caracas, Abelardo de la Espriella increpó a Petro: “Todo esto es tu culpa, entregaste al país”.

Mateo Pérez Rueda, un periodista de 24 años, fue torturado y asesinado el 7 de abril por investigar los crímenes recientes de las FARC en Antioquia. Fue el octavo periodista asesinado durante el gobierno de Gustavo Petro. “Calarcá asesinó a Mateo Pérez Rueda y lo hizo a través de su sicario a sueldo, alias Chalá. Que el país no se confunda con eso”, declaró Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia.

Gustavo Petro sabe que si Iván Cepeda pierde la elección, una fase de procesos judiciales tanto en Colombia como en Estados Unidos se abrirá probablemente para él (3). ¿Eso explica su extraña actitud ante el organismo que se encarga de organizar las elecciones en Colombia? Petro es el único presidente del continente americano que pide que le suministren el “código fuente” del software que controla los escrutinios.

El Registrador nacional, Hernán Penagos, se negó a hacerlo y explicó que lo que exige el presidente es insólito y equivale a que le entreguen la llave que le permitiría a los hackers introducirse y manipular el dispositivo informático que dará los resultados de las votaciones del 31 de mayo (4). Petro insiste en que ese software ha sido preparado para realizar un fraude en favor de los enemigos de su gobierno. “Que [él] diga que por no entregar un código fuente no hay claridad en el proceso electoral es falso”, respondió Penagos quien cuenta en ese altercado con el respaldo de la Procuraduría General de la Nación.

En ese turbio ambiente, la preguta es si la elección presidencial podrá ser llevada a cabo. Por el momento, Abelardo de la Espriella, con la consigna de “!Firmes por la Patria!” está movilizando en las ciudades muchos más electores que los otros candidatos y podría ganar la presidencia de la República en la primera o en la segunda vuelta. En todo caso, el presidente Gustavo Petro no ha declarado hasta ahora si está dispuesto a reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella o de otro candidato de oposición.