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“Leche mal remunerada, exportaciones restringidas y un sistema que bloquea la movilización: tres decisiones que están cerrando el mercado al ganadero.”

En Colombia, el campo no sólo enfrenta el clima o la volatilidad de los precios. Hoy enfrenta algo más complejo: La combinación de decisiones públicas que, lejos de facilitar la producción, están presionando al ganadero desde distintos frentes.

1- Ajuste insuficiente en el precio de la leche frente al aumento de costos. De acuerdo con cifras del DANE, los costos asociados a transporte, insumos y operación rural han mostrado presiones sostenidas en los últimos periodos, muy por encima de los ajustes decretados al productor.

2- La intención de restringir la exportación de ganado en pie, pese a que esta representa una fracción reducida del total del hato nacional, según estadísticas sectoriales consolidadas por FEDEGAN.

3- Un sistema de movilización, que no está funcionando como debería.

Tres hechos distintos. Un mismo efecto: Menos mercado para el ganadero.

En el centro de esa ecuación está el Sinigan V6, presentado como modernización tecnológica, que en la práctica se ha convertido en un obstáculo para la comercialización.

La trazabilidad es un requisito indispensable para acceder a mercados exigentes, particularmente bajo esquemas regulatorios de control sanitario y origen del producto.

Pero no cualquier sistema cumple ese estándar. Se requiere identificación individual completa, registro continuo, integración de la cadena y auditoría confiable.

Hoy Colombia no cumple plenamente esas condiciones.

Con cerca de 30 millones de bovinos, según Fedegán, la cobertura efectiva de identificación y seguimiento sigue siendo parcial y heterogénea, especialmente en 80% de pequeños productores.

No hay hoy trazabilidad robusta que soporte acceso pleno a mercados internacionales.

En la práctica, SINIGAN opera como plataforma para expedir la Guía Sanitaria de Movilización Interna, instrumento obligatorio bajo regulación del Instituto Colombiano Agropecuario.

Pero ni siquiera ahí responde: Demoras, inconsistencias y bloqueos afectan la movilización.

Para el ganadero, esto no es técnico: es la diferencia entre vender o perder.

Genera pérdidas estimadas entre $100.000 y $300.000 por cabeza, además de sobrecostos logísticos y negocios que se caen, según reportes gremiales y testimonios recogidos por Fedegán.

El contraste es evidente. Mientras desde el discurso oficial se presenta como modernización, en la práctica está generando distorsiones operativas y comerciales.

Tres presiones sobre el mismo productor

El problema no es solo SINIGANV6. Es el contexto en el que opera.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro,

a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

ha venido interviniendo el sector en tres frentes simultáneos:

Un mercado lácteo con incrementos que no compensan los costos reales (DANE)

Restricciones a la exportación de ganado en pie (MADR/ Lineamientos de política)

Un sistema de movilización que no fluye (ICA / SINIGAN)

Resultado:

Se reduce la rentabilidad. Limita el acceso a mercados externos. Bloquea la dinámica interna.

Esta línea no es aislada. La narrativa pública insiste en intervenir el mercado para controlar precios, desde un diagnóstico incompleto.

Se restringe la salida, pero no se garantiza la circulación interna. Interviene el mercado, pero no se corrigen los cuellos de botella.

No es percepción. FEDEGÁN, ha sido enfática en que la implementación es responsabilidad exclusiva del ICA,  las fallas están generando traumatismos en el comercio legal del ganado.

Subastas, ferias, plantas de beneficio y transporte están siendo afectados, con pérdidas millonarias reportadas en la cadena, según pronunciamientos gremiales. Consecuencia de esto, advierte que estas fallas pueden reducir el abastecimiento presionando al alza el precio de la carne, en contravía de los objetivos de política pública.

El impacto ya es estructural, el resultado es previsible: cuando lo formal no funciona, crece lo ilegal.

Abigeato, sacrificio clandestino y carneo no solo afectan al productor, también generan riesgos de inocuidad y salud pública, advertidos por autoridades sanitarias como el ICA.

Defender al ganadero formal no es justificar la ilegalidad ni la deforestación. Esa lucha es indispensable y forma parte de los compromisos ambientales del país.

El pequeño ganadero no pide privilegios.

Pide poder trabajar.

Si tiene menos ingresos por la leche, menos acceso a exportaciones y además no puede movilizar su ganado,no estamos frente a una modernización. Estamos frente a un cierre progresivo del mercado ganadero. Todo apunta a golpear al ganadero por todos los flancos.

@lacoutu