JUDICIALES, NACIONALES

El Gobierno Nacional dejó en firme la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, requerido por la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de cocaína.

Valledupar, 28 de enero de 2025.- El Gobierno confirmó la extradición del ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá, a los Estados Unidos, tras quedar en firme la Resolución Ejecutiva 037 del 26 de enero de 2026, expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho (e).

El requerido es solicitado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por delitos relacionados con el narcotráfico.

Con esta decisión, fue negado el recurso de reposición presentado por la defensa, por lo que el proceso de extradición avanzará sin más dilaciones. El ministro de Justicia (e) señaló que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Gobierno nacional ya aprobaron la extradición, y que, aunque subsiste un recurso adicional en trámite, difícilmente prosperará por falta de argumentos jurídicos que modifiquen la determinación.

La Resolución 037 ratifica en todos sus términos la Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, mediante la cual se concedió la extradición y se ordenó no diferir la entrega, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, incluido el concepto previo y favorable emitido por la Corte Suprema de Justicia el 12 de noviembre de 2025.

Marín Silva deberá responder ante la justicia estadounidense por tres cargos principales: concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína; concierto para traficar y distribuir cocaína con conocimiento o motivos para creer que sería importada ilícitamente a Estados Unidos; y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con conocimiento de su importación ilegal a ese país.

La Corte Suprema conceptuó favorablemente la extradición tras constatar la equivalencia de la providencia extranjera y el cumplimiento de las exigencias formales y materiales, lo que habilitó al Ejecutivo para adoptar la decisión final conforme a la Constitución y al Código de Procedimiento Penal. Para no afectar procesos judiciales vigentes en Colombia, las autoridades contarán con mecanismos de asistencia judicial internacional que permitirán la participación del extraditado en diligencias nacionales, de manera virtual o presencial.

La defensa solicitó diferir la entrega hasta que el acusado cumpliera eventuales condenas en Colombia, alegando presuntas falencias de motivación. Sin embargo, el Gobierno concluyó que la resolución estaba debidamente motivada, que no se vulneraron principios como el debido proceso o la proporcionalidad, y que la facultad de aplazar la entrega es discrecional, sin que en este caso existieran razones para ejercerla.

Más seguridad
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que, tras la decisión de extradición, se reforzarán las medidas de seguridad en el municipio de Tuluá con el fin de prevenir posibles retaliaciones y garantizar la tranquilidad de la población.