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La decisión, adoptada en el marco de la inestabilidad venezolana, no aplica a miembros del gobierno actualmente en funciones.

Berna advirtió que, si se demuestra origen ilícito de esos recursos, procurará que sean restituidos en beneficio del pueblo venezolano y facilitará procesos de cooperación judicial internacional.

Valledupar, 5 de enero de 2026.- El Consejo Federal de Suiza anunció este lunes (05-01-2026) el congelamiento inmediato de todos los activos financieros vinculados a Nicolás Maduro y a personas asociadas a su entorno político. La medida, adoptada bajo la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos (FIAA), busca prevenir la fuga de capitales en medio de la crisis de poder en Venezuela.

El anuncio se produjo tras la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Estados Unidos, lo que incrementó la incertidumbre regional. El gobierno helvético reiteró su llamado a la moderación, al respeto del derecho internacional y a la solución pacífica de controversias.

Una de las comunicaciones oficiales advierte que “el objetivo central de esta decisión es impedir que activos potencialmente adquiridos de manera ilícita sean transferidos fuera de Suiza en la actual coyuntura política, garantizando que permanezcan disponibles para eventuales procedimientos judiciales que pudieran desarrollarse en el país de origen”.

El Consejo Federal explicó que la medida no abarca a los miembros del actual gobierno venezolano y que su aplicación no depende de cómo se produjo la caída del poder de Maduro. Lo relevante, indicó, es la existencia de un cambio de mando y la posibilidad de que Venezuela emprenda acciones legales sobre los recursos congelados.

Asimismo, precisó que “las nuevas órdenes de congelamiento dictadas al amparo de la FIAA se suman al régimen de sanciones vigente desde 2018 bajo la Ley de Embargo, pero se dirigen especialmente a personas que no habían sido objeto de sanciones previas en Suiza”.

Las autoridades suizas insistieron, además, en el componente restitutivo de la medida. “Si los procedimientos de asistencia judicial recíproca demuestran que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por garantizar que estos recursos sean utilizados en beneficio directo del pueblo venezolano y no de actores particulares”, explicó el gobierno federal.

La orden rige desde hoy, tiene vigencia inicial de cuatro años y podrá extenderse si persisten las condiciones que motivaron su expedición. Con ello, Suiza refuerza su política de control financiero frente a personas políticamente expuestas y marca distancia frente a la volatilidad venezolana.