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La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral expresó su preocupación por la metodología, el debido proceso y el manejo de información sensible en los informes de contraste de la ADRES, que inciden en la definición de la Unidad de Pago por Capitación para 2026.

Valledupar, 19 de diciembre de 2025. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) se pronunció frente a los informes de contraste elaborados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), relacionados con la prestación de servicios a personas reportadas como fallecidas y con los registros de medicamentos incluidos en la base de suficiencia, en el marco de la discusión sobre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026.

En un comunicado, ACEMI reconoció la importancia de fortalecer la calidad, trazabilidad y análisis de los datos del sector salud. No obstante, advirtió que, debido a la sensibilidad de la información y su potencial impacto reputacional, estos contrastes deben realizarse con metodologías transparentes y replicables, y con garantías de debido proceso antes de cualquier difusión pública.

Tras una revisión técnica de los documentos publicados por la ADRES, el gremio señaló que, en materia metodológica, es fundamental que la entidad requiera previamente a los actores involucrados para validar, justificar o corregir posibles inconsistencias, con el fin de evitar interpretaciones erróneas y preservar la confianza institucional.

Sobre el contraste de fallecidos, ACEMI indicó que las EPS agremiadas revisaron los casos y remitieron los respectivos soportes al Ministerio de Salud y a la Procuraduría. Según el análisis, muchas de las aparentes inconsistencias se explican por rezagos en la actualización del estado vital, facturación mensual vencida, cierres administrativos posteriores —como hospitalizaciones—, dispensaciones domiciliarias por periodos, modelos de pago prospectivo y cruces errados por duplicidad en los tipos de documento. En los casos de desafiliación extemporánea por fallecimiento, precisó el gremio, procede la restitución de la prima de riesgo a la ADRES.

En cuanto a la protección de la información, ACEMI manifestó su preocupación por la eventual divulgación en acceso abierto de bases de datos o tableros que contengan información de identificación, diagnósticos, servicios, IPS, EPS y costos. Recordó que la historia clínica es información reservada y su manejo exige estrictas medidas de seguridad, integridad y confidencialidad.

Respecto a los medicamentos, el gremio explicó que el aumento de cantidades y valores registrado entre 2022 y 2023 se relaciona, en gran medida, con ampliaciones del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y con cambios regulatorios que trasladaron tecnologías a financiación con UPC. En este sentido, subrayó que los cruces de información deben homologar unidades de facturación y presentaciones para evitar conclusiones distorsionadas.

Asimismo, ACEMI señaló que las diferencias entre registros sanitarios, SISMED y precios máximos pueden obedecer a desfases entre compra y dispensación, estructuras de reporte distintas y responsabilidades específicas de reporte de ventas primarias. Advirtió también que no resulta metodológicamente adecuado evaluar toda la vigencia 2022 con la Circular 13 de 2022, sin considerar las distintas vigencias normativas y los márgenes y costos logísticos permitidos.

La presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, reiteró la disposición del gremio a mantener un diálogo técnico con la ADRES y el Ministerio de Salud, y solicitó facilitar el acceso a información anonimizada para mejorar la calidad de los análisis.

A pocos días de definirse la UPC para 2026, el gremio insistió en que las decisiones deben sustentarse en evidencia robusta y procesos garantistas, que fortalezcan la transparencia y la sostenibilidad del sistema de salud.