JUDICIALES, NACIONALES

El ente acusador señaló presuntas anomalías en la contratación para adecuación de espacio público y reparcheo de vías, suscrita por la Secretaría de Movilidad. El convenio se habría firmado en un solo día, sin estudios técnicos ni licitación pública, y en plena Ley de Garantías.

Valledupar, 17 de agosto de 2025. La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de Estefanya Cuervo Sánchez, quien se desempeñó como subsecretaria legal de la Secretaría de Movilidad de Medellín, por su presunta responsabilidad en la celebración de un contrato interadministrativo que superó los $16.000 millones.

De acuerdo con la investigación, el convenio fue firmado entre el 28 y 29 de junio de 2023 para obras de adecuación del espacio público y reparcheo de vías. Sin embargo, dichas actividades no hacían parte de las competencias de la Secretaría de Movilidad, cuya función se limita a temas de semaforización y señalización.

Según la Fiscalía, las obras correspondían a otras dependencias municipales, como Infraestructura Física y Servicios y Suministros. La entidad advirtió que el contrato se tramitó mediante selección directa, cuando por su cuantía debía adelantarse una licitación pública. Además, se detectó que los estudios previos carecían de rigor técnico y el presupuesto oficial no estaba debidamente soportado.

El documento completo fue gestionado en un solo día, lo que refuerza las sospechas sobre la legalidad del proceso. Este contrato, además, fue firmado en plena vigencia de la Ley de Garantías, que restringe la celebración de convenios antes de elecciones, lo que constituye una posible infracción adicional.

Finalmente, la Fiscalía imputó a Cuervo Sánchez el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, que no fue aceptado por la exfuncionaria. A su vez, el exsecretario de Movilidad, Juan Carlos Torres Ojeda, fue señalado por falsedad ideológica en documento público tras firmar un acta de reunión con participantes que nunca asistieron.

Ambos deberán responder ante la justicia, aunque se mantiene el principio de presunción de inocencia hasta que exista decisión judicial definitiva.