COLUMNISTAS

El secuestro en días pasados de una treintena de policías y militares en El Plateado, Cauca, no es un hecho aislado, sino la consecuencia predecible de una política de seguridad débil, permisiva y complaciente con los grupos armados ilegales. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, la fuerza pública ha sido sometida a una serie de restricciones operacionales que han limitado su capacidad de respuesta, mientras los violentos han encontrado en la “Paz Total” una coartada perfecta para seguir delinquiendo sin consecuencias reales.

El Plateado es solo el más reciente episodio de una estrategia fallida. Recordemos el secuestro de 78 uniformados en San Vicente del Caguán en 2023, donde las mal llamadas disidencias de las FARC, disfrazadas de manifestantes campesinos, retuvieron a los agentes y destruyeron una estación de policía sin que el Estado respondiera con la firmeza que la situación exigía. También está el caso de Morales, Cauca, donde en enero de este año otro grupo de militares fue secuestrado y humillado en público por supuestos pobladores, una estrategia que se ha convertido en el modus operandi de los grupos ilegales: disfrazar su accionar criminal bajo la apariencia de protestas legítimas para evitar el uso de la fuerza en su contra.

Lo que está ocurriendo es el resultado directo de la narrativa gubernamental que presenta a los soldados y policías como agresores y a los delincuentes como víctimas de un Estado represivo. La paradoja es evidente: mientras a los militares se les exige mesura, incluso cuando son agredidos y retenidos ilegalmente, el gobierno les extiende la mano a los terroristas, ofreciéndoles status de gestores de paz, indultos y hasta participación política. En este contexto, la frase “Paz Mortal” describe con precisión lo que vive el país: una paz que no es más que la sumisión del Estado ante los grupos ilegales, sacrificando a sus propios defensores.

El Congreso tiene la responsabilidad de corregir este desequilibrio legislando para proteger la vida y la dignidad de quienes garantizan la seguridad nacional, pero hoy día y ante los recientes pronunciamientos del mandatario colombiano amenazando al congreso por no servirle de notario ante sus nefastas reformas nos pone a pensar si el legislativo va a seguir teniendo las garantías constitucionales para cumplir sus funciones, en este punto cabe recordar los que sucedió en Venezuela hace 25 años cuando el entonces presidente Hugo Chávez se enfrentó con el congreso por los poderes económicos y financieros, respaldado por un amplio apoyo popular (¿les recuerda algo? aquí es donde la frase trillada de quien no conoce la historia está condenado a repetirla, cobra gran valor) en ese entonces amenazaba con decretar una emergencia económica sino le otorgaban poderes ilimitados que pedía, la oposición era escasa y débil y pese a que avisaron al pueblo y rogaron a la asamblea nacional ya cooptada por el chavismo que no apoyaran la iniciativa presidencial, sucedió lo que todos conocemos y hoy miren como esta Venezuela.

Ante los hechos violentos que vive Colombia a lo largo y ancho de país es necesario que se permita el uso legítimo de la fuerza, que se le liberen los poderes constitucionales y misionales a la fuerza pública, estos hoy maniatados bajo la “falsa paz” de Petro, que ya de por si esta demostrado que ha sido un fracaso, para que puedan contrarrestar con efectividad estos actos criminales, garantizando que policías y militares no sean tratados como rehenes en su propio país. Sin embargo, la inacción del legislativo genera dudas sobre su verdadera independencia y compromiso con la institucionalidad. Como bien lo insinuó el exsenador Armando Benedetti en sus polémicas declaraciones, en Colombia muchas decisiones políticas se toman en función de “mermelada”, es decir, prebendas y favores. ¿Será que solo con un “tarro especial de mermelada” el Congreso se decidirá a proteger a nuestros héroes?

El Estado colombiano no puede seguir de rodillas ante los violentos. Proteger a la fuerza pública no es una concesión, es un deber. El gobierno debe decidir si gobierna para el pueblo o para quienes lo azotan con violencia. La historia juzgará su elección.