NACIONALES, ORDEN PÚBLICO

Advierte además que el paro armado eleva los riesgos de confinamiento en varias regiones del país

Valledupar, 15 de diciembre de 2025. La Defensoría del Pueblo intensificó de manera inmediata su presencia territorial luego de los anuncios de paros armados atribuidos al ELN y al frente primero Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco, ante el aumento de riesgos para la población civil en distintas regiones del país.

En ese contexto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, informó que los equipos regionales ya se encuentran desplegados en terreno con el objetivo de atender la situación y realizar acompañamiento directo. “Nuestros equipos están en terreno verificando los hechos, acompañando a las comunidades y a la población civil, y articulando acciones de prevención y protección con autoridades locales y con autoridades nacionales”, señaló.

A partir del seguimiento adelantado por la entidad, se ha evidenciado que los anuncios armados están generando riesgos humanitarios concretos, que trascienden las amenazas iniciales. “El seguimiento que estamos realizando desde la Defensoría evidencia riesgos de confinamientos efectivos, intimidaciones, restricciones a la movilidad, amenazas y afectaciones graves al transporte público y privado”, advirtió Marín, al precisar que estas dinámicas también impactan de manera directa la actividad económica, especialmente en zonas rurales y corredores estratégicos.

De acuerdo con la Defensoría, estas afectaciones ya se reflejan en alteraciones del orden público en departamentos como Putumayo, Caquetá, Antioquia, Arauca, Boyacá, Casanare, Chocó, La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander, así como en regiones del Pacífico colombiano y el Bajo Cauca antioqueño, donde las comunidades enfrentan restricciones para movilizarse y desarrollar actividades cotidianas.

Así las cosas, la defensora del Pueblo advirtió que este tipo de acciones “alejan a los territorios de la paz y aumentan el rechazo de la población frente al accionar de estos grupos armados”, al tiempo que profundizan la vulneración de derechos fundamentales como la libertad de circulación, el acceso a bienes básicos y el trabajo.

“Hacemos un llamado directo y empático a estos grupos armados para que levanten de inmediato e incondicionalmente el paro armado”, expresó Marín, reiterando la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y a la población civil.

De manera complementaria, la entidad exhortó a las autoridades territoriales y nacionales a reforzar las medidas de prevención y protección en las zonas más expuestas, priorizando la seguridad de las comunidades. “La Defensoría del Pueblo seguirá trabajando del lado de las comunidades, de la población y de las autoridades para proteger al pueblo de Colombia”, concluyó la defensora.