AGRONOTAS

El exviceministro de Agricultura Juan Gonzalo Botero centró sus advertencias en los procedimientos posteriores al robo, la debilidad de los mecanismos administrativos y la limitada reacción de algunas autoridades locales, en un contexto donde el delito mantiene un alto impacto económico y operativo sobre los ganaderos.

Valledupar, 21 de enero de 2025.- Los nuevos reportes de abigeato en distintas regiones del país volvieron a poner bajo escrutinio los mecanismos de control sobre la movilización de ganado y el papel de las autoridades encargadas de supervisar estos procesos. Se trata de uno de los delitos que más afecta a los ganaderos, debido a su impacto directo sobre el patrimonio productivo, la seguridad rural y la continuidad de la actividad pecuaria, especialmente en zonas donde el traslado de semovientes depende de extensas rutas por vías secundarias.

En ese contexto, el exviceministro de Agricultura Juan Gonzalo Botero centró su llamado de atención en los controles viales y sanitarios que deberían activarse cuando se transportan animales. “Dónde están los controles que deben darse en nuestras carreteras para los movimientos de ganado”, cuestionó, al señalar responsabilidades tanto del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como de las autoridades encargadas de la verificación en ruta.

A renglón seguido, Botero puso el foco en los documentos obligatorios y reglamentados para trasladar ganado entre municipios y departamentos. “Cuando se moviliza ganado el ICA debe expedir una licencia de movilización que registra las condiciones en que esa movilización se realiza”, recordó, antes de plantear una inquietud clave sobre el funcionamiento del sistema: “cómo se expiden esas guías para los ganados robados”. Para el exfuncionario, este punto evidencia uno de los eslabones más sensibles del delito, pues permite que el ganado hurtado ingrese a circuitos de transporte y comercialización.

De igual forma, el exviceministro señaló una respuesta institucional tardía, displicente y limitada en algunos territorios. “La colaboración de autoridades municipales y departamentales en ciertas regiones ha sido muy poca”, afirmó, advirtiendo que la falta de coordinación reduce la capacidad de reacción frente a estructuras que operan con conocimiento de rutas, horarios y puntos de baja vigilancia.

En contraste, destacó el papel de la Policía Rural. “La labor de los Carabineros es tal vez el único apoyo que han tenido los ganaderos para enfrentar estos hechos”, sostuvo, al referirse a su presencia y acompañamiento permanente en áreas con alta incidencia del delito.

Por último, Botero llamó la atención sobre el componente horario del abigeato. “Es importante revisar los protocolos para control de la movilización durante la noche. La gran mayoría de robos suceden a altas horas de la noche o en la madrugada”, señaló, insistiendo en la necesidad de reforzar operativos y controles en esas franjas.

Marco penal y herramientas disponibles

El abigeato está tipificado en el artículo 243 del Código Penal colombiano, que establece penas de 60 a 120 meses de prisión y multas de 25 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el valor de lo hurtado supera los 10 salarios mínimos, la sanción puede aumentar a 72 a 132 meses de prisión y multas de 50 a 100 salarios mínimos. Igualmente, establece que, cuando el hurto se comete con violencia sobre las personas, la pena puede llegar hasta 144 meses de prisión.

La norma también contempla la extinción de dominio de los bienes utilizados para cometer el delito, conforme a la Ley 1708 de 2014. En ese mismo sentido, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ha reiterado la necesidad de que las autoridades apliquen de manera efectiva y sostenida la normatividad vigente contra el abigeato.

Sobre el particular, el gremio ha insistido de manera reiterada en que las sanciones previstas en el Código Penal, así como los mecanismos de control y extinción de dominio, deben ejecutarse con mayor rigor para frenar un delito que sigue afectando la seguridad y la viabilidad económica del sector ganadero.

Finalmente, la agremiación recordó que además del componente judicial, los productores afectados pueden apoyarse en herramientas de alerta temprana como la aplicación Seguridad Ganadera, que permite hacer seguimiento en tiempo real a noticias criminales, recibir reportes por zona y complementar la coordinación con las autoridades.