GOBIERNO

La confrontación no solo coteja dos interpretaciones jurídicas, sino dos visiones de democracia: una que protege la independencia de los medios frente al poder, y otra que exige transparencia sobre cómo se usa ese poder comunicativo.

Valledupar, 17 de octubre de 2025.- RTVC Sistema de Medios Públicos y la Fundación para el Estado de Derecho Fede Colombia protagonizan una controversia de fondo sobre el alcance del control ciudadano en la gestión de los medios financiados con recursos públicos. El conflicto estalló luego de que RTVC, en un comunicado fechado el 15 de octubre de 2024, acusara a la Fundación de promover “censura inversa” al exigir información sobre decisiones editoriales y administrativas.

A su vez, la Fundación respondió negando cualquier intento de censura, y reivindicó su derecho a ejercer control judicial y ciudadano para garantizar pluralismo, independencia editorial y rendición de cuentas.

En el centro de la disputa están los cuestionamientos formulados por Fede Colombia desde septiembre de 2024, a través de derechos de petición, acciones populares y demandas judiciales. Según la Fundación, RTVC ha incurrido en prácticas que comprometerían la neutralidad de los medios públicos, entre ellas la contratación de influenciadores para campañas institucionales, la participación de funcionarios en movilizaciones convocadas por el Gobierno y la firma de convenios interadministrativos para actividades logísticas y de eventos con tinte proselitista.

La entidad también advirtió sobre una pérdida progresiva de independencia editorial dentro del sistema de medios públicos y denunció que la voz oficial del Gobierno estaría ocupando el lugar de la crítica y el disenso.

RTVC respondió que ha atendido los requerimientos legales y judiciales de manera oportuna, pero rechazó lo que considera una estrategia de presión externa que pone en riesgo la autonomía editorial de los medios públicos. La empresa sostiene que los señalamientos públicos de la Fundación buscan condicionar la línea informativa de sus contenidos y generar desconfianza sobre su gestión.

A su favor, cita reconocimientos internacionales recientes como el premio al “Mejor Informativo de América Latina” por RedTAL y su posición como el sistema de medios públicos más confiable según el Panel de Opinión 2025 de Cifras & Conceptos.

Mientras tanto, el conflicto ya transita por canales judiciales. El Juzgado 28 de Familia de Bogotá falló el 24 de julio de 2025 a favor de un derecho de petición presentado por Fede, ordenando a RTVC entregar información en un plazo de 48 horas. Actualmente cursa un incidente de desacato por incumplimiento parcial de esa orden. En paralelo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tramita dos acciones populares promovidas por la Fundación, una de ellas con audiencia de pacto de cumplimiento fijada para el 20 de noviembre de 2025.

Aunque ambas partes alegan actuar conforme a la Constitución, el pulso revela una tensión creciente entre el principio de autonomía editorial y las exigencias de transparencia en la gestión pública de los medios. La Fundación defiende que los medios públicos pertenecen a la sociedad y no al gobierno de turno, mientras que RTVC advierte que permitir que actores judiciales o sociales interfieran en sus contenidos vulnera los estándares internacionales de libertad de prensa.

En el fondo, según varios analistas y opinadores, el caso plantea una pregunta de largo alcance institucional: ¿debe la independencia informativa blindarse incluso frente al escrutinio judicial y ciudadano, o corresponde precisamente a esos mecanismos garantizar que la independencia no se convierta en impunidad editorial?

Finalmente, señalan que las decisiones judiciales que se tomen en los próximos meses podrían redefinir los límites del control legítimo sobre los medios públicos en Colombia, en un contexto político donde la desconfianza institucional, la polarización y la concentración informativa han vuelto aún más frágil la frontera entre autonomía, propaganda y vigilancia democrática.