COLUMNISTAS

El año empezó con la puesta en marcha de procesos de revocatoria de los mandatos de un par de docenas de alcaldes en todo el país. No sobra recordar que no todas las autoridades elegidas por voto popular pueden ser revocadas. La figura solo cabe contra alcaldes y gobernadores y no contra los congresistas, diputados o concejales o el Presidente de la República.

La revocatoria no es tarea sencilla. De los cerca de dos centenares de procesos intentados, apenas una docena ha conseguido llegar a las urnas y solo uno obtuvo la votación suficiente para revocar al alcalde, el de Tasco, Boyacá, en el 2018. Entre los varios que se intentarán este año hay tres muy importantes, en Cúcuta, Medellín y Bogotá.

Aunque sin duda difícil, el que más probabilidades de éxito tiene es el de Medellín. Quintero alcanzó la alcaldía porque, en contra de los acuerdos que se habían alcanzado, uno de los candidatos que iba muy atrás en las encuestas no se retiró de la contienda y se dividieron los votos que le habrían dado el triunfo a Alfredo Ramos que, por cierto, está haciendo una formidable tarea de control político en el Concejo de la ciudad. Por la mitad se coló Quintero. Algo parecido sucedió en Bogotá y en Cali, aunque en esas capitales no hubo pacto incumplido. Las tres experiencias dejan una lección para las elecciones del 2022: si los votos del centro a la derecha se fragmentan, si se canibalizan entre ellos, a la segunda vuelta solo llegarán los candidatos de la izquierda y la centro izquierda, dejando la elección entre lo peor y lo menos malo. La coalición entre los que defendemos la democracia, las libertades y la economía de mercado, a la que he llamado la gran alianza republicana, es condición más que necesaria indispensable para garantizar que Colombia no se desbarranque.

Quintero es vulnerable porque es una impostura y porque los medellinenses parecen haberse dado cuenta de su error y de la importancia estratégica de defender su ciudad de la debacle a la que la izquierda quiere llevarla. El Alcalde se presentó como independiente, de centro y comprometido en la lucha contra la corrupción y, como era inevitable, terminó probando su sesgo petrista y que su agenda tenía como objetivo romper la institucionalidad de la ciudad, en particular los espacios de colaboración y articulación entre el empresariado y la administración pública.

De paso, se conocen los nombramientos de parientes y amigotes y hay serias evidencias de maniobras dirigidas a descalificar empresas que han probado servir con calidad a la ciudad para favorecer nuevos contratistas cercanos al Alcalde, algunos de los cuales no son siquiera antioqueños. Especial cuidado hay que tener ahora con los programas de atención infantil, a los que les cambiaron las reglas de contratación para descalificar antiguos contratistas y ayudar a los de Quintero.

Mientras tanto, el Alcalde, que empieza a asustarse con el movimiento de revocatoria, presiona a los gremios y mueve sus fichas. Las últimas jugadas, sin embargo, le han salido muy mal. La inscripción del director de Fenalco Antioquia para que hablara a su favor en la audiencia inicial del proceso resultó con un escándalo que, tras las mentiras del Director, solo pudo zanjarse con su renuncia. Ahí perdió un aliado.

Y con las reacciones a un trino en el que nombraba distintos gremios consiguió que, por un lado, nos enteráramos de que la Alcaldía, en una actuación con visos extorsivos, llamó a los gremios para que firmaran una carta de apoyo a Quintero y, por el otro, que algunos de las asociaciones empresariales salieran a aclarar que no asumirían posición en relación con la revocatoria.

La presión fracasó. Los gremios se negaron a firmar la carta que les exigían. Y las aclaraciones fortalecen la revocatoria. Yo, sin embargo, discrepo de la “neutralidad” que alegaron algunos de los gremios. Es no solo entendible sino necesaria cierta prudencia. Pero no se puede ser neutral cuando lo que está en juego es la defensa de sus asociados y sus intereses, el buen futuro de la ciudad y el bienestar de sus habitantes.

Los empresarios son sujetos políticos, ciudadanos, y con lo que está en juego en Medellín, y en el 2022 en Colombia, su responsabilidad ya no puede limitarse a la social corporativa y a la sostenibilidad ambiental. Hay una responsabilidad política, la de defender democracia, libertades y economía de mercado, que son las que permiten a los empresarios desarrollar sus actividades y ser exitosos. Deben asumirla.