

Colombia está cansada de promesas insostenibles sobre mejoramiento vial.
Hoy nos enfrentamos a otro capítulo de este triste serial: peajes que se disparan, combustibles que revientan el presupuesto familiar y vías que mantienen sus baches como testigos del incumplimiento. El último responsable: un Consorcio que prometió conectividad para una región urgida de desarrollo y terminó protagonizando un rotundo fracaso.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte reconocen, sin tapujos, que el 70 % de los concesionarios están en problemas, debido a retrasos en diseños, trámites prediales, ambientales o por incumplimientos financieros. En concreto, la Contraloría advertía en agosto de 2024 que 11 contratos, incluyendo el dramático caso de la Autopista del Caribe (Barranquilla–Cartagena), estaban en riesgo de liquidación anticipada por falta de obras, pero los peajes siguen cobrando como si todo avanzara con calma
En el Meta, el violento contraste es evidente. En un reciente debate en el Senado, líderes y funcionarios denunciaron ausencias del Gobierno, cobros excesivos e irregularidades: “el pueblo del Meta está secuestrado por una política equivocada de peajes… recaudaron más de $290.000 millones sin ejecutar obras” Además, ya se escuchan advertencias de censura a la ministra si no se asume responsabilidad.
Sumemos el golpe directo a la ciudadanía: los peajes se incrementaron 13 % a inicios de 2024, justificado oficialmente como necesario para financiar el mantenimiento. Pero la realidad golpea más duro: las señales de deterioro y los cálculos de inflación no compensan el desfalco real en la inversión. En redes sociales, camioneros y usuarios denuncian que “la plata de los peajes se la roban” y que resulta contradictorio que esas vías secundarias y terciarias, con costos elevados, sigan en estado de trocha. Como apunta un usuario:
“En efecto, casi todos los problemas del país se pueden relacionar a la corrupción… si la plata no se la robaran y la corrupción no nos estuviera carcomiendo”
El panorama no mejora: ya son más de 30 demandas (32 contratos) en tribunales arbitrales contra la Nación, por reclamaciones multimillonarias en vías mal entregadas, peajes no recaudados o atrasos por eventos climáticos Sumemos que Invías presenta una deuda cercana a $1 billón, poniendo en riesgo obras clave en regiones como Catatumbo, Mocoa, Guajira, Arauca y la Ciénaga Barranquilla Esto impacta en miles de empleos directos e indirectos: sin obra, sin empleo, sin oportunidades.
En conclusión: asistimos a otro fracaso institucional. Un Consorcio débil, instituciones que miran para otro lado, peajes que devoran ingresos familiares y una región que sigue anclada en el aislamiento. Se trata de una falla múltiple: política, económica y ética.
¿Qué debe hacerse ya?
• Transparencia total: publicar cronogramas, pagos y avances en tiempo real.
• Renegociación urgente: afrontar de cara la situación con los concesionarios.
• Fiscalización real: combatir la corrupción en contratos de mantenimiento y supervisar con ojo ciudadano.
• Compensación justa: reducir o congelar peajes mientras las obras no se ejecuten.
• Plan B regional: definir rutas alternativas, valorizar proyectos públicos sin intermediarios.
Es inaceptable que, en un país que clama por equidad y progreso, se reproduzca este círculo perverso: aumentos de costo sin mejoramiento físico alguno. Las voces regionales deben sentirse: si el Meta, la Costa Caribe o la Orinoquía alzan su protesta, el Gobierno nacional no puede desoír. Hay que cambiar los atajos y el descaro por planificación, compromiso y eficacia. De lo contrario, los créditos no serán créditos de obra sino de impunidad.
Colombia necesita vías, no excusas. Necesita desarrollo, no más peajes que alimentan gargantas burocráticas. Y lo más importante: una institucionalidad capaz de transformar promesas en realidad. Solo así tendremos una región conectada y una nación unida.