NACIONALES, ORDEN PÚBLICO

El contraste fue advertido por el congresista Andrés Forero y reforzado por analistas de seguridad, quienes señalan inconsistencias entre los registros de la Policía y Medicina Legal, así como un deterioro sostenido desde 2021.

Valledupar, 20 de enero de 2025.- Un nuevo cruce de interpretaciones sobre la seguridad en Colombia se abrió tras la divulgación de estadísticas oficiales que muestran un aumento sostenido de los homicidios en los últimos cinco años, en contraste con la lectura presentada por el Gobierno nacional.

El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un gráfico de largo plazo sobre la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, con series que se remontan a comienzos de los años 2000, acompañado del mensaje “Datos son datos”. La gráfica resalta una reducción estructural frente a los picos históricos de violencia registrados hace dos décadas.

Sin embargo, el gráfico difundido por el mandatario no incorpora el delito de secuestro ni se concentra en la evolución reciente de los indicadores, particularmente en el periodo posterior a 2020, cuando las cifras habían alcanzado sus mínimos tras el acuerdo de paz con las Farc.

De acuerdo con datos consolidados del Ministerio de Defensa, citados por el representante Andrés Forero, 2025 cerró como el año con mayor número de homicidios y secuestros de la última década. “Según el propio Ministerio, las cifras de homicidio y secuestro de 2025 son las más altas de los últimos diez años”, señaló el congresista, al cuestionar la narrativa oficial.

La discrepancia se profundiza al comparar las cifras reportadas por la Policía Nacional y las estadísticas de Medicina Legal. Mientras la Policía registró 13.726 homicidios en 2025, Medicina Legal contabilizó 14.788 casos, lo que deja una diferencia de 1.062 muertes no coincidentes entre ambas fuentes oficiales.

Este desfase no es un hecho aislado, pero sí alcanza en 2025 su mayor magnitud de la serie analizada. Desde 2021, las cifras de Medicina Legal superan de manera sistemática las reportadas por la Policía, lo que para expertos obliga a una lectura más prudente de los resultados oficiales en materia de seguridad.

Hugo Acero, analista en seguridad, explicó que las diferencias entre ambas fuentes responden a metodologías distintas, pero advirtió que el dato relevante es la tendencia. Según el experto, más allá de la discusión estadística, “lo que muestran los registros de Medicina Legal es que el país entró desde 2021 en un nuevo ciclo de incremento de homicidios que no se ha logrado revertir”.

Para el analista, el énfasis en comparaciones históricas extensas puede diluir el análisis de corto y mediano plazo. En su concepto, la discusión debería centrarse en por qué, tras haber alcanzado mínimos históricos entre 2016 y 2020, los homicidios volvieron a crecer de forma sostenida, especialmente en territorios con presencia de economías ilegales y disputas armadas.

Acero también ha señalado en distintos escenarios que el aumento reciente de la violencia no puede explicarse únicamente por un factor, sino por una combinación de reconfiguración de grupos armados, debilitamiento del control territorial y expectativas incumplidas en procesos de negociación con estructuras ilegales.

Finalmente, es importante anotar que el debate en términos netamente estadístico revela una brecha entre el discurso oficial y la percepción de deterioro en seguridad que reflejan los datos más recientes.